El último plan para endurecer las prejubilaciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, llamó este jueves a «impulsar fiscalmente, de forma preferente, los sistemas sustentados en el marco de la negociación colectiva» trasladando progresivamente los beneficios fiscales de los planes individuales a los colectivos o de empleo, primando las rentas medias y bajas.

     

     En su comparecencia en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, Escrivá afirmó que en España la previsión social de empresa es una asignatura pendiente, a pesar de que, tal y como expuso, su rentabilidad es muy superior a la de los planes individuales.

     

     De acuerdo con los datos que mostró Escrivá en la Cámara y que proceden de Inverco, si en la última década, entre 2009 y 2019, la rentabilidad media de los planes individuales ha rondado el 2,75%, en el caso de los planes de empresa ha rozado el 4%. Ello, en parte, según señaló el ministro, porque los costes de gestión de los planes colectivos (con comisiones por debajo del 0,3%) son inferiores a los planes individuales (rondan el 1,2%). En relación con los fondos de pensiones individuales, el ministro afirmó: «Es un producto extraordinariamente caro», y añadió: «No da la sensación de que las mayores comisiones se dediquen a mejorar la gestión de los fondos». La propuesta de incentivar los planes de empleo está en línea con el punto 16 del borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo.

     

     

     

     Escrivá también insistió en la necesidad de utilizar «incentivos positivos que contribuyan a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal». El ministro expuso que ya existen mecanismos para prolongar la vida laboral, pero apenas se utilizan y ha percibido indicios de desconocimiento sobre ellos, lo que puede ser una de las razones de su escaso uso. Por ello, Escrivá anunció que su ministerio llevará a cabo una evaluación de los incentivos actuales «para optimizar su utilización y, si es necesario en algún caso, redefinir alguno de sus elementos». Al tiempo, avisó de la necesidad de revisar la normativa sobre las jubilaciones anticipadas voluntarias. De acuerdo con las cifras transmitidas por Escrivá, desde el año 2014, el número de retiros realizados de manera voluntaria aumentó un 66%, hasta representar en 2019 el 16% del total.

     

     En cuanto a los incentivos y fórmulas para prorrogar la edad de jubilación, el ministro expuso algunos de las que existen, como el porcentaje adicional por cada año cotizado por encima de la edad legal de jubilación, que oscila entre el 2% y el 4% en función de la carrera de cotización; el complemento por demora; o la exoneración de la obligación de cotizar.

     

     Estas líneas enlazan con el punto doce del borrador de recomendaciones del Pacto de Toledo, que afirma que «la prolongación de la vida profesional constituye una necesaria respuesta al alargamiento de la esperanza de vida a fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo».

     

     El ministro también se refirió a la actualización de las pensiones y a la necesidad de que se mantenga su poder adquisitivo con el transcurso del tiempo. En este sentido Escrivá pidió a la Comisión del Pacto de Toledo que acelere los trabajos para que en el próximo periodo de sesiones se pueda aprobar «un nuevo marco estable» para su actualización de manera que se pueda aplicar en 2021. Con ello, se cumpliría con dos de las recomendaciones del borrador que llaman a recuperar el consenso respecto al «mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones» y sobre la «suficiencia» y el aseguramiento de un «nivel mínimo de recursos».

     

     El ministro, asimismo, insistió en que actualmente la Seguridad Social soporta «una pesada carga que no le corresponde», como los que considera «gastos impropios» que deberían pasar a ser responsabilidad de los Presupuestos Generales del Estado, entre los que se encuentran las medidas de fomento del empleo o determinadas prestaciones, como las de cuidado de hijos u otros subsidios, además de los propios gastos de funcionamiento del sistema. Ello contribuiría a recuperar el equilibrio financiero a corto plazo en la Seguridad Social.