Pequeño comercio y autónomos valencianos, los más afectados por la subida de tipos

Una medida destinada a atajar la inflación que tendrá una serie de consecuencias para las empresas, como el encarecimiento de los costes financieros, mayor dificultad para acceder a nueva financiación por la disminución del dinero circulante y el freno de las inversiones que las compañías tuvieran previstas, según detalla Boronat.

A eso se suma el aumento de las cuotas de las hipotecas, un punto que repercute tanto en las empresas como en los particulares, además de la disminución del consumo, lo que tendrá consecuencias negativas para las ventas de las compañías y, por tanto, para sus cuentas de resultados. No obstante, en este punto, este experto explica que en líneas generales la empresa valenciana se encuentra «con una solvencia financiera superior a la de la crisis de 2009 porque desde entonces se ha trabajado bien para evitar situaciones como la actual».

«En la mayoría de ellas las cuentas de resultados son bastante buenas y la crisis actual se está dando sobre todo en el pequeño comercio, en las micropymes y en los autónomos», detalla. En este sentido, apunta que la última estadística de los concursos de acreedores publicadas por el INE recoge que estas situaciones se están produciendo en las empresas con menos de 200.000 euros de facturación y menos de dos empleados.

A su juicio, «lo que asusta a las empresas es que sigan subiendo los tipos de interés [se prevé otra revisión del BCE para septiembre]. Es la incertidumbre que se abre, desconocer dónde acabaremos». Otra de las consecuencias de la subida de tipo de interés será las complicaciones para la devolución de los créditos ICO en el caso de aquellas empresas que no han obtenido aplazamientos o quitas, apuntan desde este despacho.

En paralelo esta semana se han conocido dos informes sobre el panorama financiero empresarial. Así, una encuesta realizada por Informa D&B (filial de Cesce) refleja que el 53% de los empresarios reconocen haber tenido algún impago en los últimos doce meses. Esta proporción supera en diez puntos la del año pasado, cuando se quedaba en el 43%.

Además, la principal causa de estas demoras ha cambiado. Así, si hace un año para el 44% de los encuestados el motivo más destacado era la crisis sanitaria, este año el 37% lo atribuye a problemas financieros y la crisis sanitaria baja al 23%. Casi un 18% opinan que el mayor causante de los retrasos son los problemas administrativos.

El número de empresarios que aplica intereses de demora se reduce ligeramente (baja del 25% al 23%) y se mantiene en el 42% el porcentaje de encuestados que creen que la aplicación de un régimen sancionador ayudaría a mejorar el cumplimiento de los plazos de pago. Por sectores, hostelería es el que mayor retraso acumula.

Mientras, según un informe de Intrum, el 43% de las compañías valencianas reconocen haber cedido a la petición de sus clientes de ampliar los plazos de pago para evitar que quiebren, un porcentaje inferior al de España, que se sitúa en el 51%. En 2021, esta cifra era notablemente inferior, situándose en el 36%.