La CEV pide a los políticos que equiparen la carga fiscal en la Comunitat con el resto del país

valencia. Aliviar la carga administrativa y fiscal de las empresas, pagarles en plazo, reducir los costes laborales y evitar que las licitaciones se conviertan en subastas. Esas son algunas de las demandas de la CEV a los candidatos a la Generalitat, junto a la reclamación de que equiparen la carga tributaria a la de otras zonas del país, capten nuevas inversiones, recuperen la Conselleria de Turismo y creen un observatorio de colaboración público-privada y otro de economía sumergida.

La cúpula patronal aprobó ayer un documento con 115 prioridades empresariales de cara a las elecciones del 28 de abril, elaborado a partir de las propuestas de sus comisiones de trabajo y que trasladarán, en distintas reuniones, a los partidos con representación parlamentaria.

En él, piden eliminar el Impuesto de Patrimonio, reducir el impacto de Sucesiones y Donaciones en la transmisión de empresas, dar por buenos los precios acordados entre partes a efectos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y eximir de ambos tributos la compra de inmuebles para reventa con un límite temporal, o revisar el Actividades Económicas.

Los empresarios valencianos urgen a aprobar la reforma definitiva del modelo de financiación autonómica, garantizar la estabilidad política y seguridad jurídica, combatir la economía sumergida y el intrusismo profesional en todas sus vertientes, invertir más en I+D+i y modernizar la industria, como paso previo a la imparable digitalización.

También exigen la ejecución en plazo de los corredores mediterráneo y cantábrico-mediterráneo y un plan de infraestructuras 2020-2035, con presupuesto y «plazos reales».

La CEV exige una «estrategia proactiva» en relación al 'Brexit', que los productos de terceros países cumplan las reglas de juego y un suministro de agua garantizado. Reivindica una Formación Profesional y Dual adaptada a las necesidades del tejido productivo, facilitar la escolarización de cero a tres años y la libertad de elección de centro por parte de las familias, y «contribuir a la rápida implantación de estudios en centros privados para dar respuesta a las necesidades empresariales».

Con las últimas incorporaciones, incluida la alicantina Uepal y ATA, la patronal autonómica aglutina ya a 118 empresas y 135 asociaciones.