¿Qué piden los agricultores valencianos?

Columnas de tractores han salido este martes a las calles de toda España a protestar contra «las incoherencias» de las políticas europeas, empezando por la forma de gestionar la Política Agraria Común (PAC) y terminando en los más recientes Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030. Pero no sólo Bruselas es blanco de las críticas, pues también hay reclamaciones para el Gobierno central y para las comunidades autónomas a las que, por ejemplo, se pide «reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo», se puede leer en el decálogo difundido por Asaja, Coag y UPA cuando se anunciaron las movilizaciones en toda España.

Las reivindicaciones de los agricultores tienen el foco en una crisis que arrastra el sector desde hace varios años y que ahora está muy ligada a las medidas que quiere introducir Europa respecto a la sostenibilidad y la producción respetuosa con el medio ambiente, lo que aumenta los costes de producción, critican las organizaciones.

Pero, sin duda, el Pacto Verde Europeo se encuentra en el foco pues se relaciona directamente con las importaciones de productos del campo provenientes de países terceros, a los que no se les exigen las mismas condiciones que ahora se quieren implantar al sector agrario español y en otros países europeos como Francia, Portugal o Alemania, cuyos agricultores también han salido a la calle.

Entonces ¿cuáles son las principales reivindicaciones del sector agrario? Reorientar las políticas europeas priorizando la agricultura europea y flexibilizando el Pacto Verde Europeo; reciprocidad en todos los nuevos acuerdos comerciales de la UE con terceros países, así como revisión y estudio de impacto de los acuerdos en vigor; reducción de la burocracia derivada de las políticas agrarias, especialmente a las pequeñas explotaciones; o flexibilización del cuaderno digital de explotación.

Se suman un mayor control fitosanitario de las producciones procedentes de países terceros; medidas de apoyo a la adaptación de los cultivos al cambio climático; evitar la reducción de sustancias activas fitosanitarias mientras no existan alternativas eficaces probadas; cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas; un plan de choque para aliviar la escalada de los costes de producción; política y planificación hidrológica, soluciones al problema de falta de ayudas para paliar la sequía; pedir al Ministerio y Enesa cambios estructurales en los seguros agrarios como herramienta básica de renta, entre otros.

Esto por parte de las organizaciones agrarias oficiales, como AVA, La Unió Llauradora o COAG, entre otras. Algunas de estas peticiones son compartidas por la Plataforma 6F, creada hace apenas una semana al albor de las protestas en Francia y que ya cuenta con más de 100.000 personas adscritas. Sin embargo, este movimiento añade peticiones como «no reducir la rebaja de impuestos del gasóleo agrícola», reducir la carga de impuestos o la equiparación salarial a nivel europeo, además de elecciones en el campo.

La lista no acaba ahí pues incluye claridad en el etiquetado, con los países de procedencia de los productos y la exigencia de doble etiquetado, con los precios pagados en origen y final. También el compromiso de investigación y desarrollo contra las prácticas de geoingeniería climática.

La derogación de las leyes de cambio climático y de bienestar animal, además del decreto del uso sostenible de productos fitosanitarios, son reclamaciones de un sector que también plantea «sacar al lobo del listado de especies de protección» o eliminar subvenciones a las organizaciones agrarias.

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