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Es mucho el ruido que hacen, pero en multitud de ocasiones se queda en eso, ruido. La implantación de energías renovables, sobre todo de plantas fotovoltaicas, ha levantado la contestación social de numerosos municipios en la Comunitat Valenciana. Protestas, recogidas de firmas, alegaciones y ... demandas se han sucedido contra diversos proyectos, más grandes o pequeños. Sin embargo, tal y como ya decía desde hace tiempo el presidente de la patronal valenciana de las energías renovables (AVAESEN), Marcos Lacruz, «que haya 400 plantas fotovoltaicas tramitándose en la Comunitat no quiere decir que se vayan a instalar todas».
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Esta realidad podrá verse con mayor claridad en los próximos meses y años, conforme avancen los procedimientos a los que están sometidos los más de 340 expedientes de renovables que tramita la Generalitat. Y, es que, según ha podido saber LAS PROVINCIAS, una parte importante de estos proyectos no llegarán a ver la luz. ¿Los motivos? La dificultad de cumplir con los requisitos ambientales y paisajísticos, además del rechazo de numerosos ayuntamientos, según han explicado fuentes conocedoras de la situación a este periódico.
Precisamente, esos requisitos ambientales y paisajísticos eran el principal escollo durante la legislatura anterior, con el Botánico, motivo por el que desde el sector energético esperaban que el escenario ahora fuera distinto. Sin embargo, la realidad está siendo otra y no sólo para los que tramita la administración valenciana, que se encarga de las instalaciones inferiores a 50 megavatios.
Hace tan sólo unas semanas se filtraba la información de que la Conselleria de Medio Ambiente planta cara a doce proyectos de renovables que pretenden instalarse en la Comunitat y que ya han recibido le evaluación ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica. En concreto, la conselleria recurre plantas fotovoltaicas y eólicas de gran envergadura en la provincia de Castellón, entre los que destacan Magda y Arada Solar. Tal y como explicaron desde Medio Ambiente, la idea inicial es tratar de llegar a un acuerdo con las promotoras, que pasarían necesariamente por modificaciones sustanciales en los proyectos, algo poco probable. En caso de no alcanzar un acuerdo en el plazo estipulado para la vía administrativa, la conselleria recurrirá a los tribunales.
Los ayuntamientos, por su parte, también pueden poner cortapisas en la autorización de las renovables. Un claro ejemplo de ello es lo que hizo el ayuntamiento de Elche el pasado mes de octubre, cuando suspendió la concesión de licencias urbanísticas para 24 plantas fotovoltaicas. Esto tipo de decisiones, aunque posteriormente se resolvieran a favor de la empresa, suponen desincentivos constantes para los promotores, los cuales cada vez más se replantean si continuar con sus proyectos en la Comunitat.
El tiempo apremia para la nueva ley de renovables que prepara el Consell y cuyo objetivo es acelerar la tramitación de los expedientes que siguen pendientes de resolución en diferentes fases. La norma, que se preveía aprobar en febrero, sigue pendiente. Mientras tanto, se acerca el próximo hito marcado por el Gobierno para todos los proyectos de renovables que obtuvieron el permiso de acceso entre el 1 de enero de 2018 y el 25 de junio de 2020.
Según indican desde la conselleria de Industria, aunque no pueden confirmar cuándo saldrá la nueva norma, entienden que deberá ser antes de verano para poder impulsar aquellos proyectos que se encuentren en el límite del plazo. Esta nueva norma pretende simplificar la tramitación de los proyectos de energías renovables y conseguir la colaboración de los ayuntamientos más reticente. En concreto, el Consell debe contemplar una directiva europea que otorga un plazo de 12 a 18 meses a los proyectos que se califiquen como prioritarios. Además, se concede el silencio administrativo positivo a los proyectos energéticos que reciban la calificación de interés público.
A finales de marzo, la Generalitat tenía pendientes de resolver 345 expedientes de renovables, que alcanzan una potencia tital de 3.847 megavatios (MW). De estas 345, 118 han sido admitidas a trámite y esperan poder someterse a información pública; luego, veinte proyectos están pendientes de recibir una resolución sobre su impacto ambiental (DIA), mientras que otros 108 no precisan de esta autorización y están pendientes de otros informes. Por último, sólo 92 proyectos se encuentran en la fase de recibir –o no– la autorización previa y de construcción tras haber recibico ya el pronunciamiento de impacto ambiental.
Sin embargo, los datos de Red Eléctrica sobre la potencia instalada en la Comunitat hablan por sí solos del lento avance de las renovables en la región. En lo que va de año no se ha instalado un sólo megavatio. En fotovoltaica la Comunitat tiene sólo 460 MW y la eólica 1.243 MW, muy lejos del objetivo de la Unión Europea para la Comunitat: 6.000 MW en fotovoltaica y 4.000 MW en eólica en el año 2030.
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