El proyecto del Puerto de Valencia para instalar una planta eólica con siete generadores, dentro de su objetivo de ser autosuficiente energéticamente en 2025, ha tropezado con la normativa autonómica en este ámbito. Se trata del plan eólico, aprobado en 2001 y que apenas tiene instalada la mitad de la potencia prevista, con seis de las quince áreas en las que se dividió la Comunitat Valenciana pendientes de desarrollo, pese a la reactivación prometida por los socios del Botánico la pasada legislatura.
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El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, lamenta las «dificultades» que atraviesa el proyecto, dado que esa normativa de la Generalitat «impide que haya más de una torre eólica«.
La institución cuenta ya con licencia para construir un aerogenerador pero pretende «levantar cinco o siete molinos», en el dique norte o en el mar, con un coste estimado de entre 13 y 18 millones de euros y una producción anual de 27.000 megavatios hora (MWh) en su primera fase, a fin de «cubrir las necesidades futuras del puerto y alcanzar el equilibrio energético en 2025, anticipándose a las exigencias europeas».
«Lo que no podemos es llenarnos la boca de que somos muy ecologistas pero luego, cuando tienes un proyecto para sustituir las energías no renovables por las renovables, que te pongan pegas por hacerlo, a ver en qué quedamos«, espetó Martínez durante una comparecencia reciente, en la que pidió el apoyo del Consell y defendió que la sostenibilidad y el respeto al medioambiente requieren actuaciones «con algún perjuicio visual o paisajístico».
En España, puertos como los de Bilbao o Ferrol cuentan ya con aerogeneradores como los que quiere instalar el recinto valenciano, con afán de ser «el primer puerto de Europa sostenible energéticamente».
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No obstante, el proyecto final dependerá de las posibilidades de incluirlo en el plan eólico, mediante la modificación pertinente de una normativa que no contempla a los puertos. O bien de apelar al Ministerio de Fomento, del que depende Puertos del Estado, para sacar adelante el proyecto al margen de esa regulación autonómica.
Con intención de adelantarse a los requisitos europeos sobre descarbonización, el Puerto también prevé una instalación fotovoltaica que costará unos 600.000 euros y apuesta por la electrificación de terminales, como la proyectada por el grupo MSC en la ampliación norte, en la que se compromete a cambiar los combustibles fósiles por energía eléctrica de origen renovable.
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Además, quiere disponer de su propia subestación eléctrica para que los buques paren motores y se conecten a la red en cuanto atraquen para disminuir las emisiones durante su estancia. Con una inversión cercana a ocho millones, su licitación se preveía para el último trimestre de 2019, pero sigue pendiente del visto bueno de la Generalitat, primero de la Conselleria de Economía y ahora de Transición Ecológica.
La Federación de Vecinos de Valencia presentará alegaciones al proyecto del grupo MSC para construir una terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto, como hizo en 2007 con la propia ampliación. Para la entidad, esa actuación «pone en serio riesgo las playas y el parque natural de la Albufera, además de generar numerosas molestias a los vecinos de Nazaret, que ya pagaron un alto precio por la expansión portuaria aprobada en los años 80 que supuso la pérdida de su playa«. Y agrega que »esas molestias se verán agravadas por el traslado de la terminal de cruceros a los astilleros de Boluda, mucho más cerca del barrio marítimo, como recoge el anteproyecto aprobado en 2018 «.
La entidad se reafirmó este jueves en su posición contraria a la ampliación, en un comunicado en el que asegura que los cambios realizados en el proyecto inicial «no se ajustan a la declaración de impacto ambiental (DIA) de 2007«. En este sentido, considera «innegociable» la realización de una nueva DIA que «garantice que las playas no se van a ver más erosionadas».
Además, sostiene que «la ciudad ha cedido ya en demasiadas ocasiones al desarrollo del puerto a costa de la playa de Nazaret o la huerta de la Punta con la ZAL, y sin embargo no se ve avance alguno en las contraprestaciones que el Puerto tiene pendientes con la ciudad, como la cesión definitiva de todos los terrenos desafectados de los usos portuarios para hacer realidad de una vez el parque de desembocadura».
Según su presidenta, María José Broseta, también están «radicalmente en contra del túnel del acceso norte, especialmente si es para camiones».
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