El plan de Ribó para que las VTC se contraten una hora antes choca con la justicia catalana

Los defensores de las plataformas digitales de alquiler de vehículos con conductor (VTC) como Uber y Cabify se anotan un tanto en su cruzada para suprimir la obligación de contratar esos servicios con una antelación mínima. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña suspende cautelarmente varios puntos del reglamento del Área Metropolitana de Barcelona sobre esta actividad, entre ellos el que obliga a reservar el servicio una hora antes.

Esta decisión, con la respuesta judicial a los recursos que presentaron en el mismo sentido la patronal de VTC Unauto y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) todavía pendiente, hace que la antelación mínima para reservar estos servicios en Barcelona sea de quince minutos, la misma que en la Comunitat Valenciana.

Así lo recogen tanto el decreto catalán como el aprobado posteriormente por el Gobierno valenciano, de los que emanan las ordenanzas municipales en las que cada ayuntamiento puede optar por ampliar el tiempo de precontratación exigido. Lo hizo Barcelona en mayo y también pretendía hacerlo la ciudad de Valencia, como anunció el equipo de gobierno de Joan Ribó a finales de la pasada legislatura.

No obstante, la reciente decisión judicial de estimar parcialmente la petición de la empresa Luxury VTC de suspender el reglamento barcelonés que restringe la actividad de Uber y Cabify reabre el debate sobre esta cuestión y, como mínimo, complica los planes de Ribó para seguir los pasos de la entidad barcelonesa.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Valencia no ha cumplido el anuncio de elevar de quince minutos a una hora la precontratación mínima de VTC. La ordenanza de movilidad únicamente indica sobre este servicio que las autorizaciones para alquilar vehículos con conductor guarden la proporción en relación a los taxis que establezca la legislación –una por cada treinta taxis–.

En cuanto a la antelación mínima para contratar estos servicios, sigue vigente la exigencia de quince minutos que se aplica desde el pasado mes de junio y que motivó la marcha de Uber. Cabify, por su parte, interpretó que la normativa permite restringir esa demora al primer servicio, mientras que el resto de solicitudes que realice ese cliente son prórrogas del contrato original.

Desde la Generalitat aseguraron ayer a LAS PROVINCIAS que la decisión adoptada por la justicia catalana «no afecta en nada» a la normativa autonómica. Al respecto, fuentes de la conselleria que dirige Arcadi España limitan el alcance de la suspensión cautelar a la ampliación en Barcelona de esa antelación mínima de quince minutos que exigen tanto Cataluña como la Comunitat Valenciana para contratar VTC.

Cuestión distinta sería que Valencia solicite una antelación mínima de una hora a los usuarios de plataformas como la española Cabify, al igual que Barcelona, mediante un reglamento que el sector ya anunció que llevaría a los tribunales.

De momento, desde Uber y la patronal Unauto VTC optan por guardar silencio sobre el alcance de esa suspensión cautelar, a la espera de contar con un pronunciamiento firme sobre el fondo, es decir, sobre si la administración puede imponer o no una precontratación de los VTC.

Fuentes de Cabify, por su parte, valoraron la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como una muestra de que «hay un cambio de tendencia y no todo vale».

En declaraciones a Efe, desde la empresa señalaron que «la forma de avanzar era lesiva para la industria» e insistieron en que Cabify opera en Barcelona «de acuerdo a la ley». Además, ratificaron su apuesta por seguir operando en la ciudad condal y aseguraron que no quieren resolver los posibles problemas en los tribunales, sino hablando y sentándose con todas las partes implicadas «para seguir construyendo».

En su auto, el TSJ catalán suspende cautelarmente el artículo del reglamento barcelonés referente a la precontratación previa, al entender que se trata de una regulación «contraria a la libertad de empresa y discriminatoria». Y también el registro electrónico puesto en marcha para controlar esa precontratación, con el argumento de que puede convertirse, asegura el tribunal, en «un régimen autorizatorio encubierto y sobrepuesto al de carácter autonómico o estatal/autonómico».

El auto, que respalda el posicionamiento del colectivo de VTC contra las restricciones al servicio en Cataluña y la Comunitat, también se hace eco del dictamen no vinculante que emitió a comienzos de año el Consejo de Garantías Estatutarias sobre el decreto catalán, en el que determinó que el texto –replicado después por el Consell– «vulnera el derecho a la libertad de empresa».