«Los préstamos a Libertas 7 no tenía garantías ni informes»

José Antonio Iturriaga, exadministrador del Banco de Valencia que llegó tras la intervención pública de la entidad financiera, dejó ayer claro que los préstamos que se concedió a Libertas 7 no sólo «no tenían garantías» sino que «tampoco contaban con los informes de riesgos», lo que se considera que habría originado un agujero de 13,5 millones.

Así de contundente se pronunció Iturriaga, que declaró ante la Audiencia Nacional como testigo en la segunda sesión del cuarto juicio sobre la quiebra del Banco de Valencia. El que también fuera inspector del Banco de España y miembro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) confirmó así las deficiencias que admitió Domingo Parra, ex consejero Delegado de Banco de Valencia, del que destacó que lo era «todo» en la institución. El principal imputado en este caso ha reconocido los hechos para contar con una reducción de pena por administración desleal. Tras la confesión, el Ministerio Público reclama un año y siete meses de prisión.

Iturriaga también se pronunció sobre la otra acusada, Agnés Noguera, consejera delegada de Libertas 7, que defiende su inocencia y cuya defensa apuntó a posibles valoraciones erróneas. La Fiscalía solicita para ella tres años de cárcel. El exadministrador del Banco de Valencia descartó que fuera un «actor pasivo» como preguntó la fiscal del caso y señaló que los activos de la inmobiliaria estaban sobrevalorados. Los otros testigos que comparecieron en la sesión de ayer, que también contaban con puestos en el FROB, también ratificaron que tras la intervención se destaparon irregularidades y admitieron que se tomaron algunas decisiones que llevaron a futuras pérdidas pero porque sino se hubiera actuado el agujero hubiera sido mayor.

Según el informe de la Fiscalía, Parra y Noguera «se dispensaron de forma continuada un trato preferente de favor y dispusieron de fondos del Banco de Valencia por un importe de 65 millones de euros a través de la refinanciación continuada de seis pólizas y préstamos desde finales de 2006 y hasta 2012». Las operaciones no contaban con los mecanismos de control habituales y provocaron una pérdida económica de 13 millones, que tuvo que ser paliada con una quita del FROB que tuvo un perjuicio para las arcas públicas.