El problema social

Todo ello discurre en medio de una situación política interna desquiciada en la que pasan cosas muy curiosas, como que los condenados por sedición eliminan el delito de sedición, inmediatamente después de haber sido indultados e inmediatamente antes de que prometan intentarlo de nuevo; los que han malversado modifican a su favor la regulación de la malversación y advierten de que su pedido no ha sido completado, pues les falta aún por recibir la amnistía y la autodeterminación; el poder legislativo manosea al judicial sin el mínimo pudor; los condenados por delitos sexuales se benefician de una ley tan mal redactada que los convierte en beneficiarios y todo ello, gracias a que los enemigos declarados de la Constitución y de la integridad del país se encuentran al mando de la dirección del país.

Pero no quería hoy hablar de esto, de lo que todo el mundo habla. Unos con orgullo y satisfacción y otros con espanto por el presente y temor ante el futuro. Quería hablarle del problema social. Del problema de una sociedad que ha convertido todos sus deseos en derechos y que no cesa de exigirlos con inmediatez en los plazos y dureza en las posturas, sin considerar lo que eso supone y sin medir su coherencia con nuestro grado de desarrollo.

El lema es algo así como 'lo queremos todo, lo que queremos ya y lo queremos gratis. Que pague otro'. Es decir, todo el mundo tiene claros sus derechos –convertidos ya en irrenunciables–, pero nadie está dispuesto a asumir ningún deber. En la última semana hemos conocido que, por ejemplo, en Euskadi tenemos la mayor esperanza de vida del Estado, y casi del mundo.

Tenemos una sanidad costosísima y, según nos cuentan, excelente, aunque muchos se sienten obligados a realizar paros, huelgas y protestas para exigir su mejora. Pues, a pesar de ello, mostramos el mayor nivel de absentismo laboral de toda España.

¿Cómo es posible? Es gratis (?) y es mío. No me pregunte tonterías. Todos nos sentimos con el derecho a ir al ambulatorio cuando queramos, a realizar todo tipo de pruebas y a que nos operen sin esperas cuando lo necesitamos, pero no todos estamos dispuestos a colaborar en su sostenimiento.

¿Cómo es posible que el 20% de las bajas no estén justificadas? En lo que va de año se han tramitado en España más de diez millones de bajas, de las que 7.002.275 son debidas a contingencias comunes.

No se trata solo del coste que tienen para las arcas del Estado las prestaciones por incapacidad, es que luego hay costes directos e indirectos para las empresas que la asociación de las Mutuas, AMAT, calcula en un total de 114.000 millones. De ellos, 10.929 corresponden al costo de las prestaciones; 8.746 son los costes directos que asumen las empresas afectadas; y 94.210 millones son los costes indirectos que suponen los cambios en la producción, las fabricaciones retrasadas y los pedidos perdidos.

El que dude de las cifras que presente otras mejores. ¿Se imagina lo que se podría reforzar el Estado del bienestar si esa montaña de dinero se redujese a su tamaño normal solo con hacer un buen y leal uso de las bajas laborales?¿Cómo es posible que los sindicatos asistan impertérritos a este espectáculo de desinterés, egoísmo y despilfarro? Mientras no lideren ellos la lucha contra el fraude en el absentismo, nada se solucionará.