El Gobierno crea una nueva prohibición para despedir en España

Prohibido el despido objetivo en España entre el 1 de abril y, por lo menos, el 30 de junio. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros una de sus medidas para impedir que las empresas despidan a trabajadores como consecuencia de la guerra de Ucrania, en línea a lo que se aplicó durante la pandemia y que estuvo vigente hasta el pasado 28 de febrero. Apenas un mes de tregua.

Esta medida, anunciada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, incluye una gran novedad, ya que se incluye por primera vez en España la prohibición de despedir a trabajadores por causas objetivas argumentando el incremento de los precios de la energía, que repercute en los costes de mantenimiento de la actividad de la empresa. «Pueden tener la tentación, pero es una causa injustificada», ha defendido Díaz. Los empleadores que despidan a un trabajador en esta situación tendrán que devolver todas las ayudas que hayan recibido.

Se trata, en definitiva, de un endurecimiento de las condiciones para rescindir un contrato e implicará que de facto el coste por echar a un trabajador se eleve. Porque la indemnización por despido objetivo se sitúa en 20 días por año trabajado, mientras que el coste por un despido improcedente, que será el único que puedan utilizar las compañías en los próximos tres meses, se eleva hasta los 33 días.

Esta medida para proteger a los trabajadores, que la CEOE rechazó ir en «contra la libertad de empresa», se suma a la 'clausula de mantenimiento del empleo' que, al igual que ocurrió durante toda la pandemia, está vigente para las empresas que se acojan a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Significa esto que aquellas que opten por aplicar uno de los nuevos mecanismos que se recogen en la reforma laboral tendrán que mantener durante seis meses el empleo de toda su plantilla o, de lo contrario, habrán de devolver todas las ayudas aportadas por el Estado en forma de exoneración en las cotizaciones sociales. Y no solo la de los trabajadores despedidos, sino la de todos los empleados de la empresa.

El Gobierno quiso lanzar un «mandato claro» a este respecto. «No tenemos que despedir a nadie, hay que ir a un ERTE y, en caso de que se haga mal uso del mismo, las empresas que acudan tendrán que devolver las ayudas públicas recibidas y, por supuesto, no podrán despedir a las personas trabajadoras que acudan a este mecanismo», según explicó Díaz.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la ministra de Trabajo instaron a las empresas que se encuentren en dificultades a recurrir a un ERTE y mantener el empleo.