Más de 400 proyectos de fotovoltaicas, en riesgo de perder la inversión por los retrasos

En concreto, ahora mismo la Generalitat tiene en trámite 406 expedientes, de los cuales, sólo 39 están en fase de exposición pública, según los datos facilitados por la dirección general de Energía, dependiente de la Conselleria de Economía. Para ser exactos, 53 de ellos los está tramitando el Ministerio de Transición Ecológica y 340 la Generalitat.

Estas cifras, según la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), apuntan a un colapso «preocupante», ya que aquellos proyectos que no cuenten con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva antes de abril de 2022, tal y como establece el decreto estatal 23/2020, pueden perder el aval y hasta el derecho de punto de conexión.

«Los proyectos deben contar con una DIA positiva en cuestión de seis meses y vemos que no se van a cumplir esos plazos», asegura el presidente de la patronal energética, Marcos Lacruz, a LAS PROVINCIAS. El dirigente explica que mantiene el contacto con las consellerias para trasladar las inquietudes del sector. «Esto nos preocupa porque previamente los proyectos tienen que salir a exposición pública y está habiendo un retraso en esta fase, que supuestamente es la menos complicada», explica Lacruz, que recuerda que son las consellerias de Economía, Política Territorial y Transición Ecológica las que intervienen en el proceso. «Cada una de estas tres tiene que hacer sus trámites. Si tanto se tarda en la parte sencilla, cuánto más en la complicada, la de análisis», explica Lacruz.

Sin embargo, el departamento que dirige Rafael Climent no contempla el escenario de que los proyectos no lleguen a los plazos establecidos por la ley nacional. «Tienen que llegar a obtener la DIA todas las que cumplan los requisitos. No es posible hacer un cálculo –de cuántas estarán listas antes de abril de 2022– porque deben analizarse los expedientes por las direcciones generales correspondientes, especialmente aquellas de la Conselleria de Medio Ambiente que son las que deben realizar la evaluación ambiental, para obtener la DIA favorable», indican desde Energía.

En concreto, el decreto estatal al que hace referencia el dirigente de la patronal valenciana de energía, establece un plazo máximo de dos años para que un proyecto se resuelva. «Pero la aplicación de esta ley nos perturba, ya que puede paralizar proyectos y perjudicar a cientos de empresas que asisten a una dilación exagerada del proceso», afirma Lacruz, que añade que en los casos donde los proyectos no cuenten con la DIA a tiempo se podría entender que es el promotor quien tiene la obra bloqueada. «Esto puede suponer que se ejecute el 20% del aval, con lo cual pierde ese dinero. A esto hay que añadir los costes del proyecto y el derecho a punto de conexión», puntualiza Lacruz.

Tal y como indican desde la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica, por cada 10 megavatios de potencia se necesitan 15 empleos para su instalación. En cuanto al mantenimiento y, por tanto, empleo estable, se necesita una persona por cada 10 megavatios. «Cada megavatio que se instala supone una inversión aproximada de 600.000 euros», añaden desde esta cartera.

El Consell aspira a que a finales de esta década la Comunitat Valenciana alcance una producción de 6 gigavatios (GW), esenciales para abrir el camino de la descarbonización. En la actualidad tan solo salen de las plantas valencianas 0,3 megavatios (MW). Cabe añadir, que las instalaciones de menos de 5 MW no necesitan declaración de impacto ambiental. La Generalitat tiene las competencias sobre las instalaciones de menos de 50 MW. «El Ministerio tramita las plantas de más de 50 MW, aunque pide informes a las consellerias competentes», explican desde el departamento de Mireia Mollà.