Los proyectos prioritarios de renovables tendrán que tramitarse en un año

Se trata de la Directiva Red III, cuyo plazo para que los Estados miembros –y en consecuencia las comunidades autónomas– hagan la transposición finaliza el 21 de marzo de este año para los proyectos que sean de interés público superior, mientras que para el resto finaliza el 21 de mayo de 2025. Esta calificación de interés público se decidirá entre el Gobierno y las autonomías a través de la creación de unos mapas que distingan las zonas donde sea posible acelerar el desarrollo de instalaciones de energía renovable.

El director general de Energía y Minas, Manuel Argüelles, hizo alusión a que en un futuro próximo se tendrán que acortar todavía más los plazos de tramitación de los expedientes en base a esta directiva europea, según indicó en una de sus intervenciones en la III Edición de 'Energy Revolution', un congreso nacional de las renovables.

«Estamos presionando mucho para que el Gobierno central ayude en este sentido y también en que haya una mejora de la comunicación», afirmo Argüelles, en referencia los «problemas coordinación» derivados de la línea divisoria entre los proyectos inferiores a 50 megavatios, gestionados por la Generalitat, y los superiores a esta potencia, gestionados por el Ministerio.

«Con respecto a la ley, si hacemos lo que hacen otras comunidades autónomas y aplicamos la normativa europea debería funcionar», agregó el director general, quien comentó que su departamento ha propuesto revisar o reinterpretar el requisito que se exige a las promotoras de demostrar que tienen inmovilizados los fondos necesarios para desarrollar un proyecto, una cuestión donde se atascan numerosos expedientes debido a la dificultad de contar con la financiación antes de recibir la autorización administrativa previa.

Otra de las novedades que introduce la directiva europea es que se concede el silencio administrativo positivo a los proyectos energéticos que reciban la calificación de interés público. Por tanto, esto no se aplicará al resto de proyectos, los cuales deberán tramitarse en un plazo de 24 meses máximo a partir del 21 de mayo de 2025.

La directiva también establece que los planes ubicados en las zonas de aceleración renovable serán evaluados ambientalmente, pero no serán sometidos a una evaluación de impacto ambiental (DIA), salvo aquellos con efectos significativos sobre el medioambiente.

En cuatro años, tan sólo se ha instalado el 1% de energía renovable prevista para la Comunitat Valenciana en los objetivos para 2030. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN), Marcos J. Lacruz, ha expuesto este miércoles que la Comunitat Valenciana está «francamente retrasada» en el despliegue del sector, donde hay 420 expedientes en espera para construir nuevas instalaciones.

Solicitudes masivas

Argüelles aseguró que el Consell está «recibiendo peticiones de almacenamiento de energía forma masiva». Por ello, avanzó que en la nueva ley se contemplará esta cuestión para que la implantación de baterías sea más ágil.

Por otro lado, en una de las mesas redondas se puso en evidencia que aún quedan pendientes de sacar a concurso 30 subestaciones en la Comunitat –300 en España– desde hace un año, lo que impide el desarrollo de nuevos proyectos de renovables que requieran de evacuación en esas zonas.