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El acuerdo del PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluye un punto que impacta de lleno en la economía de la Comunitat. Así, se activará un plan para «facilitar y promover» el regreso a Cataluña de la ... sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años, es decir, a partir del proceso independentista del 1-O.
En ese listado de compañías que abandonaron Cataluña por la inestabilidad política y social de 2017 tras el referéndum de independencia y que recalaron en la Comunitat figuran entidades financieras como CaixaBank o el Banco Sabadell, que fijaron su sede social en Valencia y en Alicante, respectivamente. Le seguirían otras como Mediolanum, MRW, la filial española de Neumáticos Pirelli, el fabricante de grifos Ramón Soler o Idilia Foods, que está detrás de marcas como Nocilla o Cola Cao.
Todas estas compañías recalaron en la Comunitat que fue, junto a Madrid, una de las autonomías más beneficiadas por la fuga de empresas de Cataluña que ahora PSOE y Junts quieren revertir. Y es que en la nómina de empresas que pusieron tierra de por medio debido al pulso de los soberanistas con el Estado figuran muchas cotizadas del Ibex, desde la propia Caixabank (la Fundación o Criteria, por ejemplo optaron por instalarse en Palma de Mallorca) a la energética Naturgy, pasando por Colonial, Abertis o Cellnex.
Un 'boom' de salidas que se extendió a lo largo de varios años, mayoritariamente entre 2017 y 2019, y que se tradujo en que cerca de 8.000 empresas dejaron de estar domiciliadas en Cataluña frente a las entradas, que no llegan ni a la mitad de esa cifra, según los datos oficiales del Colegio de Registradores. En el caso de la Comunitat, se calcula en más de 900 empresas las que se decantaron por fijar su domicilio social aquí.
El caso más sonado fue la decisión de las entidades financieras, ya que tanto CaixaBank como Sabadell reconocieron sufrir durante los días posteriores al referéndum del 1-O una fuga de depósitos de clientes catalanes ante el miedo a que una ruptura unilateral entre España y Cataluña dejará a los bancos fuera de la eurozona y, por tanto, en un limbo legal los ahorros.
En el caso de Caixabank, esa «fuga exponencial» de depósitos se cifró en 7.000 millones en la primera semana de ese octubre de 2017, según reconoció el entonces presidente de la entidad, Jordi Gual, durante una comisión de investigación en el Parlament de Cataluña. En la elección de la capital valenciana para el traslado, respaldado en una sesión extraordinaria del consejo de administración de CaixaBank, pesó la presencia de la sede de Banco de Valencia, la entidad adquirida en 2012. Seguía así los pasos del Banco Sabadell, que unos días antes también aprobaba mover su sede social a Alicante.
Ambas se beneficiaban entonces del decreto exprés aprobado por el Gobierno para facilitar la salida de empresas de Cataluña, por el que se permitía a las compañías cambiar su sede social de forma inmediata sólo con la aprobación del consejo de administración, sin pasar por la junta general de accionistas.
Hasta el momento, cada vez que se ha preguntado a los bancos y otras compañías si volverían a llevar la sede social a Cataluña han descartado el traslado o han dado la callada por respuesta. Algo que hicieron este jueves tras conocerse el documento firmado por PSOE y Junts. En el caso de CaixaBank optaron por un «sin comentarios» mientras que el Sabadell reiteró que el asunto «no está sobre la mesa». De hecho es lo mismo que trasladaron hace unos meses, en concreto el pasado abril, cuando se filtró que el Gobierno central planeaba bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) –que es el que va ligado al territorio donde se tiene la sede social– para tratar de incentivar el regreso de las empresas a Cataluña.
En cualquier caso, la estabilidad política de otras autonomías, y por tanto la seguridad jurídica que ofrecían, impulsó una salida masiva de empresas y profesionales que no ha cesado desde entonces. Por ejemplo, sólo este año han sido 90 compañías catalanas las que han decidido cambiar su domicilio a la Comunitat, según las estadísticas de los registradores hasta septiembre.
En todo 2022 fueron un centenar, mientras que en 2021 la cifra fue prácticamente similar con 91. Y un año antes de la pandemia de Covid, en 2019, de las 457 empresas que fijaron su sede en la Comunitat, el 25,57% procedía de Cataluña, según datos de Informa D&B (filial de Cesce). Como ejemplo ilustrativo del impacto que tuvo el procés y el 1-O en las empresas, en sólo dos meses desde ese octubre se habían mudado a tierras valencianas 200 empresas, 367 hasta septiembre de 2018, es decir, al cumplirse un año del referéndum por la independencia.
Sobre este plan de PSOE y Junts, el expresident de la Generalitat y secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, consideró que esa posibilidad «forma parte de la capacidad de decisión de las empresas, no de los gobiernos». Insistió en que este tipo de decisiones «las toman las empresas» y que «las que han venido han estado muy confortables entre nosotros». En rueda de prensa Puig también indicó que «en la medida en que se avance en procesos de normalización, cada uno tomará sus decisiones».
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