El PSOE propone eliminar el dinero en efectivo tras el uso masivo de la tarjeta

El fin del dinero en efectivo podría estar cada vez más cerca. La pandemia de la Covid-19 ha cambiado muchos de los hábitos que estaban arraigados entre los españoles, entre ellos el del pago en metálico. Durante este periodo de confinamiento se ha estado utilizando mayoritariamente la tarjeta de crédito, al considerarse un método más seguro para evitar los contagios. Aprovechando esta situación, el PSOE pretende eliminar el pago en efectivo aunque con un horizonte a largo plazo.

Así se recoge en una proposición no de ley que el grupo parlamentario socialista registró el pasado 24 de abril en el Congreso para su debate en el pleno. Una idea que para el Banco Central Europeo (BCE) es «desproporcionada», como señaló en febrero del año pasado, porque perjudicaría a minoristas y colectivos vulnerables. En este tiempo no ha variado su postura, que no es vinculante.

Este proyecto se encuentra, no obstante, en una fase muy inicial y no tiene más desarrollo por el momento, pero deja clara la intención que tiene el Gobierno de acelerar el fin del 'cash' coincidiendo con esta crisis sanitaria, aunque con el objetivo último de reducir el fraude fiscal, en un momento en el que la economía sumergida podría crecer. Más en concreto, el PSOE propone la «eliminación gradual del pago en efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva» dentro de un paquete de «medidas dirigidas a la prevención y erradicación de una crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica de la que debemos recuperarnos lo más rápidamente posible», según recoge el texto.

Con ello, los socialistas van un paso más allá de su propósito de ir rebajando el límite de pago en metálico, algo que el actual Gobierno ya intentó hacer en la anterior legislatura. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a este periódico la intención de aprobar próximamente una reducción del límite del pago de efectivo desde los 2.500 euros actuales hasta los 1.000 euros. Se trata de una de las medidas recogidas en el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que el Consejo de Ministros aprobó el 19 de octubre de 2018. Más de año y medio después, se encuentra todavía en fase consultiva, a la espera de recibir el informe del Consejo de Estado. Cuando termine esta fase, volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado definitivamente para su posterior remisión a las Cortes.

En caso de que finalmente vea la luz, el pago en efectivo pasará de 2.500 a 1.000 euros para las operaciones entre empresarios, pero se mantendrá en 2.500 euros para los particulares. Además, se disminuirá el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España. Con estas medidas se persigue «endurecer el régimen para restringir estas operaciones que son más difícilmente rastreables y pueden facilitar comportamientos defraudatorios», según resaltó Hacienda en su momento, que cuantificó en 218 millones el impacto que tendría esta medida.

Que el mejor momento para llevar a cabo esta propuesta es ahora está claro. La retirada de dinero cayó un 68% durante el mes de marzo y en los primeros días de abril el desplome llegó hasta el 80%. «Esta crisis, y el mundo y la economía que van a resultar de ella, van a acelerar el papel cada vez más irrelevante que en el futuro va a tener el dinero en efectivo», pronostica Juan Carlos Gázquez-Abad, profesor colaborador de la Universitat Oberta de Catalunya.

Este experto apunta que el consumidor «utilizará mucho más la tarjeta y el móvil como medio de pago, ya que la percepción de seguridad y comodidad va a incrementarse de forma importante». Además, considera que tras el confinamiento el pago con tarjeta, principal medio en las adquisiciones de productos y servicios en la red, será más importante. Si a esto se une la cada vez menor predisposición a llevar dinero encima para evitar robos, «el resultado será un uso progresivamente más residual del dinero en efectivo», afirma. La situación no es diferente en el resto del mundo y hay otros países que ya están cerca de dejar atrás billetes y monedas, como Suecia, Noruega o Canadá.