El Puerto advierte de que estará saturado en diez años si no se ejecuta la ampliación norte

El Puerto de Valencia está actualmente al 73% de su capacidad máxima y, si no se finaliza el proyecto de la ampliación norte –del que está pendiente la concesión de la nueva terminal de contenedores–, en el plazo de diez años «no cabrán más contenedores y estará congestionado». Es la advertencia que lanzó ayer el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, durante su comparecencia en la comisión de Obras Públicas de Les Corts.

El crecimiento del comercio internacional, la posición de Valencia como 'hub' interoceánico, la existencia de unos inversores «que quieren apostar por la terminal» (TIL, filial de la naviera MSC), los largos plazos de ejecución de las infraestructuras (33 años para el muelle Príncipe Felipe) o que las obras de la ampliación norte finalizaron en 2012 («sólo falta el relleno») son algunos de los argumentos que esgrimió en su intervención ante los representantes de los grupos parlamentarios, a quienes explicó que la modificación del proyecto (la renuncia a la prolongación en 500 metros del dique de abrigo y al dragado del canal de acceso) se realizó «porque había un informe técnico que lo respaldaba».

Martínez, cuya primera intervención se prolongó más de una hora, aseguró que la economía valenciana «no se puede permitir el lujo de perder una inversión como ésta», en referencia a los 1.000 millones que destinará MSC a la terminal norte, que se prevé esté operativa en 2027, y los 44.000 empleos previstos. «El Puerto de Barcelona está deseando que se vaya allí la ampliación norte», recordó.

Asimismo, remarcó que el Puerto no es «una multinacional depredadora» y que «se paga sus inversiones, las infraestructuras que considera de interés», como la partida destinada a la mejora de la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza. En este sentido, explicó que los ingresos se obtienen «de lo que pagan los usuarios por los servicios, no colgamos de los Presupuestos del Estado».

Respecto a la necesidad de una nueva Declaración de Interés Ambiental (DIA), que actualmente estudia Puertos del Estado tras el envío de la adenda con la modificación del anteproyecto de la terminal norte, el presidente de la APV apuntó que no hay razones técnicas para hacerla porque la actual está vigente y no se incurre en las causas de caducidad contempladas en la legislación ambiental. Así, enumeró que «no hay un incremento significativo de emisiones a la atmósfera, de vertidos a cauces, de generación de residuos o de utilización de recursos naturales». No obstante, «obviamente son los técnicos quienes lo tienen que decir».

En el turno de las intervenciones de los diputados, tanto Podemos como Compromís volvieron a mostrar su rechazo a la ampliación norte. En este último caso, Papi Robles insistió en que su grupo quiere «un puerto competitivo pero con crecimiento sostenible» y preguntó a Martínez por la inversión pública que requerirá la nueva terminal, a lo que éste respondió que entre 350-400 millones según el importe final de la licitación de las obras al tiempo que insistió en que el Puerto se paga sus propias inversiones.

Desde Ciudadanos, Toni Cantó, acusó a la consellera Mireia Mollà de tender una «trampa» al pedir una nueva DIA para la terminal norte. En la misma línea, el diputado popular Miguel Barrachina criticó a los partidos del Botánico de tener una «ideología regresiva» que frena las posibilidades del Puerto. Vox apeló a que es «vital» la ampliación y el PSPV señaló que «en el marco del diálogo» es donde hay que «ir modelando el futuro del Puerto».