Puertos del Estado deja en manos de Valencia la decisión sobre la DIA de la ampliación norte

Nueva vuelta de tuerca a la tramitación de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del Puerto de Valencia, para cuya construcción y explotación la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) seleccionó en septiembre de 2019 la oferta de TIL (filial de MSC), que prevé una inversión de 1.021 millones en este proyecto.

La previsión de la APV entonces era que el proceso de adjudicación se diese por finalizado en marzo del año pasado una vez superados el periodo de información pública. Sin embargo, se pusieron sobre la mesa las dudas sobre si era necesaria o no una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) debido a los cambios introducidos en un proyecto cuya primera fase concluyó en 2012. La DIA data de 2007.

Entró entonces en escena un nuevo actor, Puertos del Estado (dependiente del Ministerio de Transportes), que debía emitir un informe técnico sobre la validez del anteproyecto remitido por Valencia en julio del año pasado. Su emisión se ha prolongado en el tiempo y precisamente hoy concluye el plazo fijado por el propio Puertos del Estado, ya que su presidente, Francisco Toledo, ha reiterado en las últimas semanas que antes de que acabara marzo se conocería.

Sin embargo, el organismo estatal no dictaminará sobre la vigencia de la DIA de 2007, sino que dejará en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia la respuesta, según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes ministeriales. Se entiende así que, al igual que en otras actuaciones, debe ser el Puerto el que actúe como órgano sustantivo a efectos de la declaración ambiental. Es, por tanto, ese procedimiento el que se estaría analizando, indicaron las mismas fuentes.

En este sentido, la APV siempre ha defendido la vigencia de la DIA que se realizó al inicio de unas obras cuya segunda fase se abordará con la ejecución de esta terminal. De hecho, cuando el presidente de la APV, Aurelio Martínez, presentó la selección de TIL en 2019 ya explicó que el informe técnico de mayo de 2018 elaborado por la APV y Puertos del Estado indica que no es necesaria ya que no se cumplían los supuestos de incremento significativo en las emisiones a la atmósfera, vertidos, residuos, recursos naturales, afección a espacios protegidos de red natura o al patrimonio cultural.

Posteriormente, y tras las quejas recibidas de partidos políticos y de asociaciones, la APV decidió en febrero de 2020 eliminar dos de las actuaciones más cuestionadas: la ampliación en 500 metros del dique de abrigo y el dragado del canal de acceso para ampliar su cota hasta los 22,5 metros en aguas exteriores.

Sin embargo, para la Comissió Ciutat-Port la DIA actual perdió su vigencia en diciembre de 2019, fecha en la que se agotó el plazo extraordinario de seis años otorgado por una disposición transitoria de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para poner en marcha las DIA aprobadas con anterioridad o para solicitar una revisión, como hubiera sido el caso de la ampliación norte. La plataforma, que presentó un informe jurídico, anunció a mediados de marzo que acudirán a los tribunales si se autoriza la construcción de la terminal sin una nueva DIA.