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El tiempo apremia tanto para el desarrollo de las energías renovables en la Comunitat como para el Consell, que se encuentra ya en la recta final de la legislatura y lleva arrastrando desde hace años el desafío de desatascar casi 300 expedientes de plantas fotovoltaicas, ... entre los que urgen un total de 63 con riesgo de perder la inversión si no se resuelven antes del 25 de enero de 2023. Ante la presión de estos proyectos, que podrían demandar a la Generalitat por daños patrimoniales, mas la añadida por las elecciones autonómicas, el presidente Ximo Puig ha anunciado este martes la elaboración de un mapa por parte de las tres consellerias implicadas en la gestión de expedientes con el objetivo de acortar plazos y acelerar los proyectos.
Además, las tres consellerias –Economía, Política Territorial y Medio Ambiente– han acordado una hoja de ruta que incluye incorporar el personal necesario y disponer de todos los «medios imprescindibles» para resolver los 63 expedientes más urgentes antes de la fecha marcada por el Gobierno. Así lo han pactado en una reunión entre Puig y los consellers de Hacienda, Arcadi España; de Economía Sostenible, Rafa Climent; Agricultura, Isaura Navarro, y de Política Territorial, Rebeca Torró. En declaraciones posteriores a los periodistas, Puig aseguró que se ha llegado al acuerdo de «buscar todas las fórmulas» para que los 64 expedientes no caduquen. «Hay un alineamiento total de todas las consellerias implicadas», indicó el jefe del Consell. En ese sentido, quiso resaltar la «complejidad de cada expediente» y avanzó que no todos contarán, como es lógico, con una resolución favorable.
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A modo de balance, Puig detalló que, en el conjunto de la Comunitat Valenciana se han presentado 391 expedientes sobre renovables, que suponen 5.500 megavatios, de los que hay 113 resueltos (45 ya autorizados) y 278 aún en proceso de evaluación por parte de las distintas consellerias. Además del mapa que permitirá que los tres departamentos pongan en común las zonas que, según sus criterios, son susceptibles de albergar una planta solar, el Consell prepara varios mecanismos y nuevos plazos que tratan de anticiparse a la directiva que aprobará esta semana el Parlamento Europeo, cuyo objetivo es llegar al 45% de las energías renovables en el conjunto Europa en 2030.
La novedad más destacada es que se podrán declarar zonas prioritarias aquellas donde el mapa establezca que la zona es adecuada para desarrollar una planta sin problemas. De ese modo, la aprobación del proyecto sería inmediato. En estas zonas podrán ubicarse tanto plantas fotovoltaicas, eólicas como de biomasa.
En concreto, se elaborará un mapa y cartografía, con la implicación de todas las consellerias «que tengan algo que decir» y en el que se atiendan todos los criterios: desde los paisajísticos, de medio ambiente, a los patrimoniales e industriales y también las realidades territoriales.
El objetivo es que, tras la fecha del 25 de enero, se trabaje en esa mapificación, en la que ya hay espacios que están más adelantados. Según indicó Puig, la idea es tenerlo listo antes de las elecciones autonómicas. «Se trata de ver los territorios donde no hay afección sustancial y en eso vamos a trabajar y hay buena voluntad», añadió.
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Sobre las discrepancias visibles entre distintas consellerias a la hora de desarrollar las renovables, aseguró que puede haber «miradas diferentes incluso desde el punto de vista territorial» y, por ello, advirtió que «cada día que pasa» sin cumplir los objetivos de lucha contra el cambio climático «se está contaminando más».
Preguntado por las trabas que ponen algunos ayuntamientos para permitir plantas fotovoltaicas en sus municipios, Puig abogó por «abordar uno a uno» cada caso y defendió que se debe aplicar la objetividad. «No se puede hacer una tortilla sin romper los huevos». Cualquier implementación, en cualquier ámbito, puede tener un impacto», apostilló el presidente de la Generalitat.
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