Puig pide flexibilidad ante el «atasco» de ERTE para que los afectados cobren cuanto antes

«Ayudas inmediatas» para los autónomos y trabajadores más golpeados por la crisis del coronavirus, y saldar deudas públicas con los proveedores. Esas son las medidas prometidas por el 'president' Ximo Puig para «complementar espacios que el Gobierno no ha dotado suficientemente« en su plan de choque frente al Covid-19.

Este viernes aprobarán, vía decreto del Consell, las ayudas directas para autónomos valencianos, de 1.500 euros para los obligados a cerrar sus negocios y de 750 para quienes acrediten una pérdida de actividad, hasta agotar los 57 millones reservados por la Conselleria de Economía.

Para la semana que viene se anuncian las ayudas a afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que en la Comunitat rondan ya los 146.000, el 7,5% del total de trabajadores.

A falta de negociarlo en la mesa del diálogo social, tras reunirse por videoconferencia con los dirigentes de la CEV, CCOO y UGT y los consellers Rafael Climent (Economía) y Vicent Soler (Hacienda), Puig avanzó que en principio se plantean para afectados por ajustes por fuerza mayor, pero sin excluir al resto, porque pretenden «solucionar problemas prioritarios de las personas con mayor dificultad», en un contexto en el que «toda la actividad económica está sometida a la dictadura del coronavirus».

En este sentido, exigió al Gobierno que contemple la «fuerza mayor por irradiación» para ampliar el catálogo de empresas y sectores que pueden acogerse a las medidas previstas en el real decreto que declara el estado de alarma, ya que «la paralización afecta a muchas más empresas» que las señaladas en esa norma como directamente afectadas.

En lo relativo a los ERTE, por ejemplo, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que «el marco general se flexibilice y se pueda facilitar, sobre todo para que los trabajadores puedan cobrar lo más rápidamente posible«. Y es que otro de los grandes focos de preocupación es el »atasco importante« en la tramitación de la »avalancha enorme« de ajustes temporales solicitados por empresas, 24.272 en dos semanas, pese a reforzar con treinta personas a los diez funcionarios que se encargan de esos ERTE.

También se encomienda al Gobierno para tener «suficiente liquidez para poder pagar» a sus proveedores, como trasladó a los periodistas en su primera comparecencia con preguntas en directo, por videoconferencia.

Según Puig, necesitan recibir entre 600 y 700 millones y tienen el «compromiso» del Ministerio de Hacienda de que en los próximos días se solucionará «una parte importante de la falta de liquidez» que les impide saldar deudas. Para la infrafinanciación, habrá que esperar más.

Puig, un día más, evitó entrar en conflicto con el Gobierno u otros partidos por la respuesta a una crisis «que nadie alcanzó a ver la potencia que iba a tener» e insistió en que el alcance de las restricciones a la actividad económica depende del Gobierno y requiere una perspectiva global. «No se puede en un pueblo cerrar las obras y en otros no», dijo.

De momento, las medidas ante la factura económica del coronavirus siguen suscitando críticas. Para el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, Jose Vicente Villaverde, hace falta «un gobierno valiente y que no obligue a tener que cerrar negocios y mandar a gente al desempleo, que indirectamente es lo que está haciendo con su gestión económica de la situación«.

Para evitarlo, en línea con la reclamación de su homólogo estatal, Fermín Albaladejo, y las realizadas también desde la patronal autonómica, Villaverde exige «medidas urgentes» como la «suspensión de las cotizaciones sociales de marzo y abril, el IVA e IRPF del primer trimestre y la cuota de autónomo mientras dure la situación de confinamiento«.