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La reducción de la jornada laboral a 37'5 horas semanales, sin pérdida de sueldo, para todas las empresas, pymes y autónomos, tiene un largo recorrido por delante antes de que entre en vigor y se pueda aplicar de forma obligatoria. Aunque el Gobierno ya ha aprobado el anteproyecto de ley para rebajar la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo no prevé que la norma se publique en el Boletín Oficial del Estado hasta antes del verano... siendo optimistas.
La norma necesita ahora recibir los preceptivos informes del Consejo de Estados y del Consejo Económico y Social de España (CES) para volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley. Este proceso finalizará a finales de febrero, según el Ministerio de Trabajo.
Entonces el anteproyecto se convertirá en proyecto de ley y comenzará su trámite parlamentario, que seguramente estará plagado de piedras en el camino. El PSOE deberá recabar apoyos en el Congreso para sacar adelante su propuesta, y solo con los votos de Sumar, gran defensora de la iniciativa, no es suficiente. Así, una vez llegue al Parlamento los tiempos escaparán al control del Gobierno, ya que allí tendrá que superar enmiendas totales y enmiendas parciales que pueden presentar los grupos.
Es previsible que en su tramitación parlamentaria el texto de la norma cambie, y podría hacerlo de forma considerable para acceder a las peticiones de unos y otros, en un intento de allanar el camino para que, finalmente, salga adelante.
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¿Y a quién hay que contentar? Fundamental a la patronal, que defiende que hay que respetar los convenios colectivos en vigor, y a Junts. Por lo pronto, Junts ha mostrado indecisión y el PP ya ha expresado sus reparos alegando que el texto no cuenta con el apoyo del diálogo social, después de las críticas de la patronal.
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha deslizado que desde Junts les trasladan que la decisión aún no está tomada: «Creo que es perfectamente posible que la reducción de jornada acabe viendo la luz, aunque soy consciente de que hay muchas dudas ideológicas en algunos partidos», ha dicho.
Con seguridad se incluirá un paquete de ayudas e incentivos para acompañar a las empresas en esta reducción de horas, pero incluso podría suceder que en la Cámara baja se pactara postergar su entrada en vigor más allá del 31 de diciembre de 2025, una de las condiciones innegociables para Yolanda Díaz, ya que supondría incumplir el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.
Y una vez esté todo aprobado y consensuado, la norma entrará en vigor una vez haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, en la fecha (podría ser al día siguiente) que se haya dictaminado.
El anteproyecto de ley también implica otras medidas, como el derecho irrenunciable a la desconexión digital y el nuevo registro de jornada (registro horario), que deberá ser digitalizado y al que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social podrán acceder en remoto y en tiempo real.
La mitad de las empresas tiene una opinión positiva sobre la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, especialmente las multinacionales (55%) y las grandes empresas (47%). Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas, que configuran el 90% del tejido empresarial español, se encuentran en el lado más escéptico de esta medida y desconfían de ella en un 54% de los casos, según la 'Guía del Mercado Laboral 2025 de Hays' presentada este miércoles 12 de febrero.
El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha pedido «cautela» con la reducción de la jornada laboral por el impacto que esta medida tiene en pymes y autónomos. «Hay tres millones de pymes y autónomos que necesitan tener oxígeno para seguir creciendo», ha subrayado el presidente de la aseguradora, destacando que para multitud de pequeños comercios «sería muy difícil» ajustarse a la nueva jornada.
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