El Consejo de Ministros aprueba este martes 4 de febrero el anteproyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales, sin pérdida de salario, una medida que tendrá que atravesar un largo recorrido parlamentario antes de su entrada en vigor y que afecta a trabajadores con contrato indefinido, pero también a quien tengan contratos a tiempo parcial y a empleados que se hayan acogido a una reducción de jornada por diferentes motivos, como por ejemplo el cuidado de menores.
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Según el texto del anteproyecto, los contratos a tiempo parcial con duración igual o superior a las 37,5 horas semanales de promedio «se convertirán automáticamente en contratos a tiempo completo» a partir de la aplicación de la nueva jornada legal.
En caso de tener contratos con menos de 37,5 horas de jornada, los trabajadores a tiempo parcial, así como los trabajadores con jornada reducida, tendrán derecho a seguir realizando el mismo número de horas que viniesen efectuando antes de la entrada en vigor de la norma. Asimismo, tendrán derecho al incremento proporcional de su salario a partir de la aplicación de la jornada máxima ordinaria de 37,5 horas semanales.
Los trabajadores con jornada reducida por cuidado de menor o familiares o que tengan la consideración de víctimas de violencia de género, violencia sexual o víctimas del terrorismo también tendrán el derecho a seguir realizando el mismo número de horas de trabajo que viniesen efectuando anteriormente.
Para estos colectivos, el umbral máximo legal de la reducción de jornada vigente en el momento de su inicio se mantendrá hasta que finalice el derecho a la reducción de jornada, con el límite absoluto del 31 de diciembre de 2026. Alternativamente, podrán adaptar la jornada reducida que venía realizando a la nueva jornada legal prevista, en el marco del horario que previamente disfrutaban.
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En cuanto a las jornadas especiales de trabajo, el Gobierno se da un plazo de 18 meses para revisar, junto con los agentes sociales, su normativa para adecuar las ampliaciones y limitaciones en la ordenación y en la duración de la jornada de trabajo a la nueva jornada máxima legal.
Puedes leer el último borrador del Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de MInistros.
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El Gobierno multará con hasta 10.000 euros por trabajador a las empresas que incumplan con el registro horario y la reducción de la jornada semanal máxima de 37,5 horas. Esto supone un endurecimiento de las sanciones, ya que se multa por cada trabajador individual y además se eleva el importe que había en la actualidad, pasando de un máximo de 7.500 euros a 10.000 euros.
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Así, habrá tres gradaciones de multas:
- Grado mínimo: de 1.000 a 2.000 euros
- Grado medio: de 2.001 a 5.000 euros
- Grado máximo: de 5.001 a 10.000 euros
Estas multas se aplicarán en materia de jornada, trabajo nocturno, horas extra, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, de forma general, el tiempo de trabajo.
El objetivo de Trabajo es que la norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes del verano para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación, pues, según lo acordado, los convenios colectivos que tengan más de 37,5 horas semanales de jornada en promedio anual tendrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la jornada máxima de 37,5 horas, explica Europa Press citando el amteproyecto de ley.
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Sin embargo, para ello debe seguir un largo recorrido legal. Una vez que lo apruebe el Gobierno este martes, el texto recibirá los preceptivos informes del Consejo de Estado y del CES antes de volver al Consejo de Ministros como proyecto de ley, lo que Trabajo estima que se producirá a finales de febrero. Después, entrará ya en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas antes de su aprobación definitiva.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se mostró este lunes convencido de que se logrará un acuerdo con los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma y también en que habrá acuerdo respecto al paquete de ayudas a las empresas, especialmente pymes, para que puedan «absorber» la rebaja de la jornada laboral sin generales efectos negativos.
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