La reforma del subsidio del paro divide al Gobierno y deja en el aire 13.640 euros para los desempleados

La reforma del subsidio de desempleo ha dividido al Gobierno y ha enfrentado a dos de sus vicepresidentas, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Nadia Calviño, ministra de Economía. Ambos departamentos han diseñado dos versiones diferentes que difieren en la cuantía del subsidio que cobran los desempleados cuando han agotado el paro, y han lanzado propuestas muy diferentes tanto en la cuantía como en la forma y duración del pago.

La vicepresidenta Díaz ha advertido al Ministerio de Economía de que no aceptaría recortes y de que esta reforma es competencia suya, a lo que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, replica que «todas las reformas estructurales, como es el caso del subsidio por desempleo, »competen al conjunto del Gobierno«. La guerra interna está abierta.

El Ministerio de Trabajo quiere que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, eleve su cuantía a:

• 660 euros durante los primeros seis meses de percepción (110% del Iprem)

• A 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem)

• A partir del mes 13, recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses.

Estas cifras son las que corresponderían al subsidio diseñado por Trabajo con el actual Iprem, que es de 600 euros al mes. En caso de que este indicador se incremente, también lo haría el subsidio, pues lo que fijaría la reforma son los porcentajes del Iprem a los que debe equivaler la ayuda.

Este planteamiento choca con la propuesta del Ministerio de Economía, mucho más restrictiva con los parados. El departamento de Nadia Calviño (que puede abandonar el Ministerio para marcharse al Banco Europeo de Inversiones) quiere que este subsidio sólo se pueda recibir durante 12 meses (por lo tanto que se reduzca 18 meses), con las siguientes cuantías:

- 100% del Iprem durante los tres primeros meses (600 euros actualmente)

- 80% del Iprem en el segundo trimestre de percepción (480 euros mensuales)

- 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros)

- 50% en el último trimestre (300 euros).

Esto supone que la propuesta de Trabajo implicaría un pago a los desempleados, en el caso que agotaran los 30 meses, que asciende a 18.000 euros, frente a la de Economía que se reduce a 4.310. Una diferencia de 13.690 euros brutos que se empezará a debatir el lunes 4 de diciembre a las 16.00 horas, cuando se ha convocado a los agentes sociales para abordar la reforma del subsidio por desempleo, el último de los hitos del componente 23 del Plan de Recuperación que a España le queda por cumplir.

El planteamiento del Ministerio de Díaz implica un mayor gasto porque eleva la cuantía de la prestación y el universo de los posibles beneficiarios en unas 400.000 personas (actualmente, el subsidio lo cobran unas 800.000 personas). No obstante, fuentes del Ministerio apuntan a que esta reforma contaría con financiación suficiente, pues el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registrará este año un superávit cercano a los 4.800 millones de euros.

El diseño de Trabajo, que Díaz quiere llevar lo antes posible al Consejo de Ministros, incorpora al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según sus estimaciones) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000); elimina el mes de espera para que el subsidio se pueda cobrar de manera inmediata, y establece la posibilidad de compatibilizar el subsidio con un empleo durante los primeros 45 días sin rebajar su cuantía, informa Europa Press.

Además, en la propuesta de Trabajo los subsidios se revisarán trimestralmente y no de manera mensual para que los desempleados no tengan que estar diariamente pendientes de incumplir algunos requisitos de renta que les hagan perder el subsidio.

Al mismo tiempo, la reforma del Departamento de Yolanda Díaz, que no entraría en vigor de manera inmediata, sino a mediados de 2024, permitirá tener en cuenta las rentas de la unidad familiar si es más favorable al desempleado que tomar la renta individual.

La organización de autónomos Uatae ha reclamado la inclusión de los autónomos en el nivel asistencial de protección frente al desempleo para prestar apoyo al colectivo en situaciones de especial vulnerabilidad económica.

Uatae ha denunciado que los más de 3,3 millones de trabajadoras autónomos afiliados a la Seguridad Social no tienen derecho a percibir los subsidios por desempleo, estando excluidos de este nivel de protección de manera «injusta».

La organización señala que para acceder a estas prestaciones se exige haber agotado la prestación por desempleo contributiva o acreditar una cotización mínima por desempleo, lo que supone «cuatro meses si se tienen responsabilidad familiares o seis en caso contrario».

La organización argumenta además que los subsidios son financiados a través de los Presupuestos Generales del Estado y no con cargo a las contribuciones sociales, por lo que «nada justifica que se dé, como otras tantas veces, un tratamiento diferente a las personas afiliadas al Régimen de Autónomos».

Además, califican de «llamativo» la exclusión de los autónomos del subsidio para mayores de 52 años, para el que se exige también haber cotizado por desempleo, y con el que se pretende dar una especial protección a un colectivo de personas que por edad y circunstancias del mercado de trabajo se encuentran «con enormes dificultades de inserción laboral». «Es incomprensible que se entienda que un autónomo mayor de 52 años que cesa su actividad por falta de viabilidad pueda tener mayores posibilidades de inserción laboral que un trabajador asalariado», ha denunciado Landaburu.

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