El retraso del Gobierno frustra una planta solar de más de 300 hectáreas en Valencia

El parque fotovoltaico, de EnerHi, pretendía ubicarse en Macastre, Alborache, Turís, Chiva y Godelleta con una inversión de 100 millones

Lunes, 3 de junio 2024, 01:08

El cumplimiento de los plazos administrativos en la tramitación de instalaciones de energías renovables es fundamental. Si una empresa promotora no cumple con los tiempos para presentar los documentos pertinentes, se queda sin poder desarrollar su proyecto. Pero sucede lo mismo si el culpable es ... la Administración, lo que está generando una situación de inseguridad jurídica alarmante entre el sector. Este es el caso que ha protagonizado una planta fotovoltaica que pretendía ocupar más de 300 hectáreas en la provincia de Valencia.

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Se trata del parque solar Edetanotum F2, que pretendía ubicarse en terrenos de Macastre, Alborache, Turís, Chiva y Godelleta. El proyecto está promovido por la compañía EnerHi y contemplaba una inversión de más de 100 millones de euros para instalar una potencia de 149,1 megavatios (MW). En concreto, la planta fotovoltaica aspiraba a ocupar 315,26 hectáreas.

Sin embargo, fuentes cercanas al proyecto, cuentan a LAS PROVINCIAS que el Ministerio de Transición Ecológica no ha emitido la resolución sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) dentro del plazo legal, por lo que la compañía ha perdido el punto de acceso y derecho de conexión a la red. Si hubiera recibido una DIA, aunque fuera negativa, hubiera tenido opción de modificar el proyecto para adaptarse a las exigencias del ministerio y, de este modo, podría continuar con la tramitación al conservar el punto de acceso y el permiso de conexión.

«No han cumplido con el segundo hito que marca el RDL 23/2020. En cualquier caso, perderá sus permisos de acceso y conexión a la red de transporte, ya que no podrán demostrar ante REE el cumplimiento del mismo», señalan estas mismas fuentes, que recalcan que es concretamente la dirección General de Calidad y Evaluación ambiental, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, el órgano encargado de emitir la DIA. «El problema puede estar en que sacaron a información pública el proyecto con muy poco plazo», especulan indignadas las mismas fuentes.

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Ahora, la empresa debe recurrir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para tratar de recuperar el punto de conexión, pero el camino implica más costes y tiempo, por lo que la compañía deberá sopesar si le conviene continuar con el proyecto. Cabe recordar que las plantas fotovoltaicas que superan los 50 megavatios son tramitadas vía estatal debido a su tamaño, mientras que las inferiores a esa potencia son gestionadas por las comunidades autónomas.

El Consell, por su parte, tiene más de 340 expedientes de renovables pendientes de resolver. Además, tal como pudo saber este periódico, una parte importante de estos proyectos no llegarán a ver la luz debido a la dificultad de cumplir con los requisitos ambientales y paisajísticos, además del rechazo de numerosos ayuntamientos.

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Esos requisitos eran el principal escollo en la legislatura anterior, con el Botánico, motivo por el que el sector energético esperaba que el escenario ahora fuera distinto. Sin embargo, la realidad está siendo otra y no sólo para los que tramita la Generalitat. De hecho, la Conselleria de Medio Ambiente está plantando cara a doce proyectos de renovables que pretenden instalarse en la Comunitat y que ya han recibido la evaluación ambiental favorable del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre esos proyectos destacan Magda y Arada Solar.

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