La lentitud en la tramitación de proyectos renovables en la Comunitat no sólo sigue sin resolverse, sino que empieza a costarle más dinero a los promotores que esperan como agua de mayo la nueva ley del Consell que prometía acelerar los tiempos y que, ... supuestamente, estaría lista a finales de febrero. «Estamos preocupados porque el tiempo apremia especialmente para los expedientes que entraron en 2020 y que obtener una resolución antes de próximo hito, que es este verano», recuerda Marcos Lacruz, presidente de la patronal valenciana de empresas renovables, Avaesen.
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Además, el atasco en la tramitación está abocando a estos empresarios a tener que pagar por el alquiler de los terrenos aún sin saber si les aprobarán el proyecto, puesto que ya han superado el periodo de carencia establecido en sus contratos de arrendamiento y se arriesgan a perder el suelo donde prevén realizar su instalación.
Actualmente, la Generalitat tiene pendientes de resolver 345 expedientes de renovables, que alcanzan una potencia tital de 3.847 megavatios (MW), según los últimos datos correspondientes a marzo facilitados por la conselleria de Industria.
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De estas 345, 118 han sido admitidas a trámite y esperan poder someterse a información pública; luego, veinte proyectos están pendientes de recibir una resolución sobre su impacto ambiental (DIA), mientras que otros 108 no precisan de esta autorización y están pendientes de otros informes. Por último, sólo 92 proyectos se encuentran en la fase de recibir –o no– la autorización previa y de construcción tras haber recibico ya el pronunciamiento de impacto ambiental.
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Todos estos expedientes que tramita la Generalitat corresponden a proyectos de menos de 50 megavatios, puesto que los que superan esta potencia se gestionan vía estatal, a través del Ministerio de Transición Ecológica. En este sentido, Lacruz vuelve a denunciar la situación de atraso que sufre la Comunitat respecto a autonomías limítrofes donde la gestión de los expedientes es «mucho más ágil».
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Elísabeth Rodríguez
Por este motivo, advierte de que cada vez son más los promotores que desisten de continuar «peleando con la Administración» y deciden llevar su inversión a otras regiones como Castilla La Mancha y Aragón. En lo que va de año, no se ha instalado ninguna planta de energía renovable en la Comunitat, tal y como muestran los datos de Red Eléctrica España.
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El peor escenario para una compañía no es tanto que la Admnistración rechace su proyecto, sino lo que sucede con el dinero invertido tanto en los avales como en el arrendamiento de los terrenos que finalmente no explotará. En la otra cara de esa moneda están los propietarios de los mismos, que en esta situación podrían interpretar haber ganado la lotería al haber conseguido sacar rentabilidad a unas tierras en desuso durante un tiempo, aunque posteriormente el proyecto no salga adelante.
No es habitual la compra de los terrenos, sino la firma de un contrato de arrendamiento o con opción de compra. «En todo caso con cláusulas suspensivas en caso de que el proyecto caiga», añaden desde Avaesen. De todos modos, las mensualidades y la fianza pagada hasta ese momento, se quedan en el bolsillo del dueño de las tierras.
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