Ribó mantiene el pulso con el puerto y anticipa que la DIA se resolverá en los tribunales

Quince asociaciones, dos concejales (Sergi Campillo y Giuseppe Grezzi) y el alcalde, Joan Ribó. Fue la foto que ayer escenificó el Ayuntamiento para mostrar el frente común de rechazo ante el proyecto de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto, cuya concesión está pendiente de adjudicación tras avalar Puertos del Estado la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

"Pido y pediré una DIA como la ley manda porque hay riesgos", aseguró Ribó en su intervención previa ante los medios, en la que recordó que, como alcalde, "tengo la obligación de defender los intereses de la ciudad". También anticipó que la controversia generada con la ampliación norte es un "tema largo" que, a su juicio, "probablemente se resolverá en los tribunales".

En este sentido, tanto la Comissió Ciutat-Port como partidos como Compromís han anunciado recursos contra la decisión de Puertos del Estado, a quien Ribó criticó de nuevo por dejar en manos de la Autoridad Portuaria la decisión final sobre una nueva evaluación ambiental al convertirla en órgano sustantivo de la DIA. "No se puede ser juez y parte", resaltó.

Los materiales para el relleno de la ampliación, la afección visual y paisajística sobre "la gran playa de Valencia" y, "por encima de todo, un problema de movilidad" son los riesgos que enumeró el primer edil para justificar su rechazo al proyecto. Un punto en el que mencionó el acceso norte –actualmente en estudio– y el aumento de vehículos que generará el incremento de contenedores en el puerto.

Sobre la posibilidad de trasladar esa ampliación a Sagunto y de eliminar los diques ya ejecutados, como plantean Compromís y Podemos, Ribó reconoció que es "una posibilidad costosa" ya que tiene "el problema" de que se financió con fondos europeos (74 millones) que tendrían que devolverse.

En la reunión, asociaciones vecinales y ecologistas reclamaron al alcalde una posición "irreversible y contundente" contra la ampliación del puerto y que se adopten dos medidas: la paralización cautelar del expediente y la solicitud de una nueva DIA, que el alcalde anticipó que hará; y que Ribó, como consejero en el puerto, pida que no se incluya en el orden del día de los consejos de administración la concesión de la terminal a TIL (MSC). En este sentido, avanzó que tanto él como Iván Castañón votarán en contra de la adjudicación.

Para la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia, María José Broseta, hay "preocupación vecinal" sobre el proyecto. Además, criticó la "injerencia del Estado al dejar en manos de la Autoridad Portuaria los temas que conciernen a la ampliación". Por su parte, la presidenta de la asociación vecinal de Castellar, Empar Puchades, resaltó que el encuentro permite "hacer un frente común que luche contra un nuevo 'destarifo' del puerto que quiere crecer a toda costa".

Mientras, crece la inquietud empresarial, especialmente entre los sectores implicados en la actividad portuaria, ante el movimiento realizado por el Consistorio. "Hay que dejar de hacer demagogia barata y defender una infraestructura que hace a nuestras empresas competitivas", afirmó el presidente de la CEV, Salvador Navarro. "Me sorprende que, como alcalde todos, sólo convoque a una de las partes y no escuche a las empresas", lamentó.

Por ello, desde CEV Valencia se va a solicitar por carta una reunión del primer edil con los sectores económicos. "Tiene que escucharlos. Debe atender también sus peticiones y escuchar sus puntos de vista como usuarios del puerto", aseguró la presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco. Ambos confirmaron la "gran preocupación" que hay entre los sectores económicos.