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ELISABETH RODRÍGUEZ
VALENCIA.
Lunes, 9 de diciembre 2019, 00:02
El sector valenciano del transporte portuario pasa por un momento convulso. Por un lado, trata de combatir la precarización del colectivo y, por otro, reclama mejorar las infraestructuras de las que depende para descongestionar las carreteras y, además, reducir las emisiones contaminantes. En medio de todo ello, el presidente de la Asociación de Transportistas Portuarios de la Comunitat Valenciana (Transcont CV), Víctor González, ve con preocupación la postura del alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha mostrado su deseo de reducir este medio de transporte.
-Joan Ribó dijo que los camiones «pueden ser una especie a extinguir» en quince años, ¿cómo reaccionó ante estas declaraciones?
-Lo primero fue una media sonrisa, porque te echas a reír, pero cuando piensas que es el alcalde de la ciudad, te llevas las manos a la cabeza. Esto sólo lo puede decir desde el desconocimiento absoluto de la realidad del transporte, pero también con el objetivo de buscar su voto y situar una marca de su propio partido. Todo lo que tienes te lo trae un camión. El tren, como el barco y el avión son modos de transporte, pero no tienen la capilaridad del camión. Por eso el 87% de las mercancías se mueven a través del camión.
-El principal argumento de Ribó contra el acceso norte es que se haga pensando en los camiones precisamente por la huella de carbono que generan...
-A mí el señor Ribó a ecologista no me gana. Porque en cuanto la tecnología me lo permita, yo voy a invertir el poco patrimonio tengo para ganar en sostenibilidad. Si Ribó para hacer de alcalde pusiera de aval su casa, no diría las bobadas que dice. Estamos hablando de gente que arriesga todo su patrimonio para ser más eficiente.
-¿Qué supondría para los transportistas la construcción del acceso norte?
-Para nosotros el acceso norte es una infraestructura absolutamente necesaria desde hace años. Tenemos un único acceso, el sur, que sufre caídas del sistema y colapsos diarios. Cuando hay un problema, se genera una cola que dura varias horas. Esto, además de la contaminación que genera, eleva los niveles de estrés de los conductores, por lo que se incrementa el peligro vial. Además, para ir a la zona de Castellón se nos obliga a hacer 40 kilómetros más, lo que supone un consumo de 24.000 litros al día de gasoil y eso implica una emisión de 62.400 kilos de dióxido de carbono al día.
-¿En qué punto se encuentra la descongestión de la plataforma logística de Ribarroja?
-Ha habido un pequeño avance. Hemos estado trabajando cuatro años para reducir esas colas que se generan y hemos conseguido que se revirtiera el sentido de una de las calles. Pese a que esto ha mejorado, no se ha arreglado el problema de la congestión. En este caso, la APV ha puesto encima de la mesa la búsqueda de un nuevo espacio para lo que llaman la ciudad del transporte. Es importante que los depósitos estén más cerca del puerto.
-¿Cómo es la relación de Transcont con el Consell?
-Hemos mejorado la relación en estos últimos años. Tuvimos una reunión con el conseller de Política Territorial, Arcadi España, y también nos reunimos con la nueva directora general de esta cartera, Roser Obrer. El propio conseller nos habló del plan renove para transportistas y mostró bastante sensibilidad hacia el sector. En cuanto a la cuestión de la precarización le propusimos que impulsara planes para acortar los plazos de pago.
-¿Cuáles son los puntos negros de la precarización del sector?
-Llevamos tiempo reclamando que no podemos trasladar los costes que sufrimos, como los que se derivan del combustible y seguros. Los costes laborales rondan el 35% y el gasoil supone el 32% de nuestros gastos. Cuando suben nuestros costes, lo adecuado sería que pudiéramos repercutirlos a nuestras facturas.
-La morosidad es también parte de esa precariedad...
-Sí, es uno de los problemas fundamentales. En la práctica se paga entre 87 y 90 días después de dar el servicio y no a los 30 días que establece la ley. En un sector con estos costes, el día que cobras has consumido ya el gasoil de ese mes del servicio pero también el de los dos siguientes.
-¿Qué otros retos afronta el colectivo?
-Por un lado, está la modalidad de contratación de servicios mediante subasta, ya que dudamos que sea legal por la poca transparencia con la que se desarrolla y que obliga a bajar los precios incluso por debajo de los costes. Muchas veces, para tragar en esas condiciones impuestas te obligan a manipular el tacógrafo para hacer más horas, entre otras trampas. Además, hay que combatir las empresas buzón y la creación de falsos autónomos, dos cuestiones fundamentales de la competencia desleal.
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