Ribó rechaza la ampliación del puerto mientras el PSPV pide un plan para paliar sus efectos

El Ayuntamiento de Valencia está decidido a plantar batalla ante el Puerto de Valencia, en concreto, ante el proyecto de construcción de la terminal de contenedores en la ampliación norte, que recibió este viernes el respaldo de Puertos del Estado al considerar que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está vigente. Así se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que mostró su oposición «clara» tanto al proyecto como a la decisión del organismo estatal.

La posición de Puertos del Estado, que ha modificado el órgano sustantivo de las DIA y, por tanto, deja en manos de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) la decisión de realizar o no un nuevo informe ambiental, supone para Ribó un «lavado de manos» del Gobierno central. «En términos bíblicos es una decisión a lo Poncio Pilatos», dijo.

«La aceptación de esta ampliación es infumable para cualquier persona con un mínimo de sentido y voluntad sostenible», aseguró al tiempo que lamentó que para el proyecto «no se ha contado con los valencianos, sino que el interés empresarial prima en las decisiones tomadas a cientos de kilómetros de Valencia».

Ribó se preguntó también «de dónde vendrán los materiales para llenar la futura ampliación» y si no habrá «un nuevo ataque al litoral de Valencia», además de cuestionar qué planes de movilidad tiene la APV para «no saturar de camiones la ciudad y el área metropolitana». Según Ribó, la APV tendrá que decir «de una vez por todas» si piensa llevar a cabo la salida norte y, en caso afirmativo, «cómo piensa hacerla», un aspecto que ahora está en estudio.

Asimismo, criticó el escaso peso que la ciudad tiene en el consejo de administración del Puerto, donde él es el único representante de Valencia. De hecho, su voto fue el único en contra de la adjudicación a la empresa TIL de la concesión de la nueva terminal de contenedores. «Así no. El Ayuntamiento de Valencia debe velar por el bienestar de su ciudad, por el económico, por supuesto, pero también por el de todos sus barrios y su ciudadanía. Si no es así, conmigo que no cuenten«, remarcó.

Por su parte, la vicealcaldesa y portavoz socialista municipal, Sandra Gómez, lamentó que «se está haciendo política de un trámite administrativo desde hace un año». «La ampliación está casi hecha [la primera fase concluyó en 2008], ahora es momento de exigir compensaciones por los efectos adversos de la actividad portuaria«, dijo.

Por ello, reivindicó al Ministerio de Transición Ecológica un «plan serio» de regeneración para las playas del sur de la ciudad para «paliar» los «posibles efectos» de la ampliación que, además «vaya más allá de poner arena en las playas una vez al año».

Gómez también aprovechó para pedir a la APV que costee el desarrollo del proyecto del Parque de Desembocadura, al igual que ya lo ha planteado para la prolongación de la línea 10.