El salario mínimo sube 700 euros en 2025 pero Hacienda se quedará hasta con 300

«Hoy damos un paso histórico en esa nueva elevación del salario mínimo», señaló orgullosa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que presumió de la «subida histórica» del 61% que ha realizado el actual Gobierno desde 2018, cuando se situaba en 735 euros. «A España le sienta muy bien subir el SMI. Frente a todo lo que se ha escrito y reproducido, subir el salario mínimo no es una amenaza para España, sino lo mejor para que el país camine en la buena dirección. Digamos que la historia del SMI en nuestro país es una historia de éxito», proclamó la ministra.

No obstante, su alegría por esta nueva subida se tornó en clara decepción tras conocerse, poco antes de su aprobación, que por primera vez en la historia el salario mínimo no quedará exento de tributar a Hacienda. En contra de lo que había sucedido hasta ahora, los trabajadores que cobran la renta más baja tendrán que presentar declaración de la renta y pagar impuestos, aunque no todos, dependerá de sus circunstancias personales y será, finalmente, una minoría, según defienden desde Hacienda.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha dado su brazo a torcer en esta batalla que libraba Díaz y se ha negado a actualizar el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) hasta los 16.576 euros. Hasta ahora cada año Hacienda iba elevando el IRPF en línea con el salario mínimo para que este quedara exento de todo impuesto, pero las sucesivas subidas del SMI, más de un 60% desde 2018, justifican para Montero que ya no sea necesario hacerlo. Se trata de «un incremento muy por encima de la inflación. Nunca el SMI había subido con esa intensidad», justificaron en una nota enviada a los medios.

En esta línea, Hacienda sostiene que la mayoría de estos trabajadores, que representan el eslabón más débil del mercado laboral, seguirá sin sufrir retenciones por el IRPF y no pagará nada porque «el Gobierno ya aprobó la mayor rebaja del IRPF para rentas bajas y medianas». Solo un 20% de los 2,4 millones de beneficiarios, en torno a medio millón, tributará por ello como máximo una cuantía de 300 euros, según sus estimaciones, que se basan en el informe elaborado por el comité de expertos que recomendaron una subida de entre 39 y 50 euros al mes.

Tributar o no dependerá de las circunstancias personales del asalariado, que dependerá mucho de su estado civil y, sobre todo, de si tiene hijos o no y el número. Así, por ejemplo, un contribuyente con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF, aunque si el niño tiene ya tres años o más tendrá que pagar a Hacienda 99 euros al año. La mayor retención la soportará, no obstante, aquel trabajador que esté soltero y sin hijos y cobre 1.184 euros al mes repartidos en 14 pagas, que tendrá que pagar 300 euros en 2025 de IRPF.

Por tanto, Hacienda recaudará a lo largo de 2025 por la tributación de estos trabajadores un máximo de unos 150 millones de euros (resultado de multiplicar el impuesto máximo por el medio millón de afectados).

Esta decisión ha generado una fuerte polémica entre las dos partidos dentro del propio Gobierno e incluso desde la oposición, que criticaron sin ambages esta decisión. Los sindicatos también cargaron contra esta decisión que no avanza hacia una sociedad «más justa e igualitaria».

Es más, según Gestha, sus efectos se limitan únicamente a las personas que ingresen entre 15.876 y 16.578 euros anuales, que sean solteras o separadas, sin hijos ni cargas personales o familiares, o matrimonios en declaración individual con hasta un hijo compartido. Todas las demás situaciones no soportan tributación en la actualidad. Tampoco tributarán las trabajadoras que no soporten retención y cobren menos de 22.000 euros al año, como las empleadas de hogar, señala el sindicato de Técnicos de Hacienda.

Por este efecto limitado, Sumar, al igual que Gestha, exige que al menos quede exento para los trabajadores y pensionistas que ganan el salario mínimo, no para el resto.