El sector viario propone el pago por uso de carreteras para lograr financiación

El sector de la carretera volvió ayer a poner sobre la mesa la necesidad de establecer el pago por uso de las carreteras mediante la fórmula de una tasa finalista cuya recaudación se destine a financiar infraestructuras o a afrontar el déficit de conservación y mantenimiento que arrastra la red viaria. «Es el momento de abordar con urgencia este problema», señaló el presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Francisco Lazcano, durante la presentación de un plan de inversiones para hacer frente a la crisis provocada por el Covid-19.

Una propuesta, que ayer mismo se remitió al Gobierno y a las autonomías, que contempla 32.000 millones de inversión y que podría generar un millón de empleos directos e indirectos para los perfiles más vulnerables (oficiales, peones o trabajadores con poca formación) y, además, permita absorber los puestos de trabajo de comercio, hostelería, ocio o turismo que desaparecerán por la paralización de la economía.

Denominado 'Carreteras seguras, verdes y conectadas', y con un retorno fiscal de un 49%, el plan abarca dos ámbitos: el que afecta a las ciudades, con un presupuesto de 7.400 millones para generar 236.000 empleos, y otro interurbano, con una inversión de 24.700 millones para 790.000 trabajadores.

Tres son las vías para su financiación: presupuesto ordinario, del que el director de la AEC, Jacobo Díaz, lamentó los retrasos existentes en la reactivación de las licitaciones de obra pública; los excedentes de las administraciones locales; o los 140.000 millones procedentes de Europa. A ello su sumaría la colaboración público-privada y el pago por uso de las autovías españolas (V-30, A-3 o by-pass, por ejemplo, en el caso de la Comunitat), tanto para vehículos ligeros como para mercancías, «como ocurre en otros países europeos», señaló Lazcano, que recordó que España va al contrario que otros 23 países europeos, que tienen el 100% tarificado.

«Es el momento de encontrar un modelo de financiación de las infraestructuras, desde la perspectiva de que el que contamina, paga», apuntó. El presidente del lobby de la carretera añadió que los políticos «lo entienden perfectamente» debido a la necesidad de afrontar el elevado gasto social y destacó que el actual Gobierno, con el ministro José Luis Ábalos al frente de Transportes «es más receptivo».

Respecto a las medidas del plan, la propuesta de la AEC, desgranada por la subdirectora general técnica, Elena de la Peña, está pensada «para dar respuesta a todos los usuarios», desde peatones a coches. Así, en el ámbito interurbano reclaman mejoras en las carreteras convencionales, como la dotación de un carril adicional de manera alterna o sistemas de contención en los tramos de especial peligrosidad; volver a pavimentar 90.000 kilómetros de vías; la instalación de puntos de recarga con energía solar; o itinerarios preferentes para mercancías en el entorno rural.

En el caso de las ciudades, el sector viario cree necesaria la ampliación de aceras y la peatonalización para municipios de más de 50.000 habitantes; la construcción de carriles segregados para bicicletas o patinetes; o una redistribución de los estacionamientos con aparcamientos disuasorios, entre otras.