Señales de alarma en la economía valenciana

Es el caso de los concursos de acreedores, que han experimentado un aumento del 33% en la Comunitat durante el pasado agosto con respecto al mismo periodo del año anterior. Según el Colegio Oficial de Auditores de la Comunidad Valenciana, la principal causa de este incremento es la retirada de la moratoria concursal determinada por el Gobierno debido a la pandemia de Covid. Ese incremento del 33% supera en 17 puntos porcentuales a la media nacional, que se sitúa en una subida del 15,6%.

Esto sitúa a la Comunitat, junto con Madrid y Cataluña, entre las peores con respecto a la media española, ya que suman conjuntamente cerca de siete de cada diez concursos presentados. En el caso valenciano, hasta 32 empresas han entrado en concurso de acreedores, confirmando una tendencia al alza que ya se había detectado en julio. De hecho, las cifras desde el inicio del año colocan a la Comunitat entre las autonomías españolas con mayor aumento del número de concursos, superando a la media nacional que se sitúa en el 15,6%.

Para el vocal de la junta directiva de los auditores, José Andreu, buena parte de ese incremento se debe "a las dificultades que atraviesan empresas del sector servicios y autónomos, principalmente hostelería. Además, la incertidumbre frente a una nueva regulación concursal a punto de aprobarse también influye en ese incremento, además de los problemas colaterales que está causando el conflicto de Ucrania".

En el caso del sector del transporte, la señal de alarma procede de la morosidad, ya que el periodo en el que cobran los camioneros va en aumento. Así lo denuncia la Federación de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) tras a dar a conocer las conclusiones de una encuesta por el año de entrada en vigor del régimen sancionador de la morosidad del transporte, que ha tenido impacto "reducido".

De hecho, cobran entre dos y cuatro meses más tarde y la situación, asegura FVET, "va a peor". Así, un 40% de profesionales del sector sitúa el plazo medio de pago entre 60 y 90 días mientras que para un 10% la situación se agrava y los impagos duran entre 90 y 120 días.

"La situación es más crítica que hace un año y es previsible que empeore. El precio del combustible sigue disparado, a lo que se suma la inflación y un escenario económico de incertidumbre que no sabemos cómo nos va a afectar. No podemos seguir asumiendo que nos paguen mal y tarde, en especial a aquellos que no tienen músculo financiero para afrontar los retrasos de los pagos", explica el presidente de FVET, Carlos Prades.

Según la encuesta, los subsectores más afectados por este tipo de prácticas son carga general, transporte portuario, agencias de transporte y transporte internacional. Por ello, reclaman a la Administración que agilice los procesos sancionadores y, al mismo tiempo, se ha lanzado una campaña de concienciación para que los afectados denuncien la situación.

Y, en el campo, la Unió de Llauradors denuncia que la factura de electricidad de las comunidades de regantes se ha cuadruplicado en menos de un año y pone en "una situación insostenible la viabilidad de muchas". Una factura del pasado agosto puede ser incluso mayor que todas las de 2021, resalta la organización que reclama medidas urgentes como la doble tarificación o la rebaja de la fiscalidad en las facturas.