«No tiene sentido subir la persiana»

Las pymes y los autónomos conforman el grueso de los afectados por la crisis económica derivada de la alarma sanitaria. Pese a las medidas anunciadas por el Gobierno de Sánchez para capear el temporal, la mayoría se enfrenta con temor e incertidumbre a esta situación de parálisis.

Talleres Galindo López representa, con su historia, a la de muchas otras pequeñas empresas del sector. En su caso, no tiene obligación de cerrar debido a que el servicio de reparación de automóviles -siempre en casos urgentes- se considera fundamental.

«A nosotros el decreto nos pone en la siguiente tesitura: me dicen que estoy autorizada a abrir, pero sólo podemos operar para casos muy concretos, casos de urgencias», explica Sonia, socia de este negocio familiar que suele operar cerca de 2.000 reparaciones al año.

«De lunes a miércoles la única urgencia que he tenido es la reparación de una batería, cuando semanalmente recibimos entre 35 y 40 vehículos de media», indica Sonia, que se encarga de la gestión administrativa y la parte de atención al cliente.

En concreto, la compañía cuenta con ocho empleados y la dirección quiere bajar la persiana ya que no le ve «sentido a subirla» ante la escasez de trabajo que tiene y, sobre todo, ante el riesgo al contagio al que expone a sus trabajadores. «Mis compañeros no pueden tener contacto con ningún cliente y yo atiendo por un ventanuco. A los repartidores que venían les dejaba el cuño fuera para que fichen y yo tengo la oficina cerrada. Sin embargo, todo eso es insuficiente», lamenta.

«Yo podría llamar a clientes que tengo en espera pero claro, no son urgentes, no puedo ponerme en riesgo por algo que no es preciso. ¿Qué hacemos las ocho familias que vivimos de esto? ¿Abrimos para vernos las caras y ya está?», se pregunta resignada.

Ante este escenario, asegura que están tratando de buscar la mejor fórmula para la mercantil y los trabajadores desde el sábado. Sin embargo, la incertidumbre atenaza su decisión. «La Policía está cerrando talleres en Valencia mientras que el decreto dice que tenemos que estar abiertos. No hay un criterio claro», asegura Sonia, que insiste en su deseo de cerrar el negocio hasta que pase la alarma y todo vuelva a la normalidad.

«Luego, las casas de recambio están cerrando. No tiene sentido que digan que los talleres deben permanecer abiertos mientras cierran los proveedores. Lo mismo sucede con las casas de pintura», explica.

A esto añade la duda sobre si su empresa tiene derecho al ERTE al estar eximida de la obligación de cierre. «Aquí el problema que tenemos es que como no tenemos la obligación de cerrar, no sé cómo podemos plantear el ERTE; si nos lo van a conceder o si tenemos alguna condición», insiste. Con todo ello, tiene claro que a partir del lunes no podrán facturar nada.

Frente a esta situación, Sonia hace hincapié en que «nadie puede» orientarle. «Hasta ahora, ni nuestro gestor ni la asociación nos ha podido decir nada», sostiene. «Aún vería más razonable que lo hubieran regulado de tal manera que ciertas casas oficiales sí estuvieran abiertas para dar el servicio mínimo», agrega.

En cuanto a las medidas paliativas como el aplazamiento de impuestos, Sonia asegura que no les supone ninguna ventaja adicional. «Eso es algo que ya hacemos habitualmente. Podemos fraccionar el pago, ya que funcionamos bastante al día. No tenemos un súper colchón y hacemos frente a muchos costes como el pago a proveedores, aparte de las obligaciones fiscales», sentencia.

«Vivimos al día para dar de comer a ocho familias. Si Ford puede hacer un ERTE, ¿por qué yo no podría cuando estoy en el mismo sector?», se pregunta la socia de esta empresa familiar, que cuenta con 40 años de historia y es gestionada por la segunda generación. Entre sus clientes, destaca el centro de servicios de Mapfre, a través del que reciben la mayoría de demandas. También trabajan para Mercadona, puesto que se encargan de poner a punto su flota de furgonetas de reparto a domicilio.