La Sindicatura reprocha al Consell el retraso en las ayudas complementarias al ERTE

Esta es una de las conclusiones del documento hecho público hoy por el ente fiscalizador en el que deja claro que una de cada tres subvenciones de 150 euros no llegaron en el plazo previsto (junio-agosto de 2020) mientras que el resto sí estaban dentro de los tiempos marcados por la normativa.

En total, fueron 60.904 los beneficiarios que vieron como se dilataron sus procedimientos en el tiempo ya que incluso hubo algo más de 2.000 que se entregaron en enero de 2021 por parte de la conselleria de Economía. Hoy por hoy ya las han recibido los 200.000 empleados. El resumen de esa tramitación lo deja claro el órgano al admitir «que no fue rápida». Las mismas, fueron pactadas por el Consell y los agentes sociales en abril del ejercicio pasado, en pleno confinamiento.

La Sindicatura de Comptes, que afirma que la Generalitat nunca había impulsado unas ayudas tan masivas, también echa en falta una mayor transparencia y admite que han existido «dificultades innegables» para tramitar las ayudas. De hecho, confirma que hay datos que no terminan de cuadrar entre las bases del servicio autonómico de empleo, Labora, y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En concreto, hay un centenar de adjudicatarios que no están presentes en los registros del Labora y algunos usuarios no han recibido ningún ingreso debido a embargos ejecutados por la misma administración autonómica, lo que reprocha que «no es compatible con el objetivo de las ayudas» que querían dotar de medios económicos a los sectores más golpeados por la pandemia.

Debido a estas dos principales deficiencias detectadas desde la Sindicatura de Comptes se realizan diferentes recomendaciones entre las que destaca la petición directa de «elaborar y aprobar procedimientos detallados de gestión de las subvenciones en los que se concrete la forma de comprobar y aplicar los requisitos establecidos por la normativa que regula su tramitación«.

También se solicita que «toda la información recabada en los expedientes administrativos se almacene en las bases de datos estructuradas de las aplicaciones utilizadas para la gestión de esos expedientes, para que pueda ser utilizada en otros procedimientos relacionados, con las debidas medidas de protección de los datos personales».

«Recomendamos que en la tramitación de subvenciones masivas en las que se utilicen bases de datos de otros entes públicos (como el SEPE) se validen los ficheros de información utilizados, verificando su integridad y completitud de forma previa a su uso«, remarca el órgano fiscalizador en el informe.