Clara Alfonso
Valencia
Domingo, 14 de abril 2024, 00:54
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado en el Senado que está avanzando en la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un proceso que contempla un aumento del 3%. Este indicador es crucial para determinar el acceso a una variedad de ayudas y subsidios, incluidos los subsidios por desempleo.
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El IPREM, establecido en 600 euros mensuales en la actualidad, sirve como referencia para la concesión de becas, ayudas para vivienda o el bono social de electricidad, entre otros. La actualización del IPREM, una tarea que recae en el Ministerio de Trabajo y que se aborda a través de los Presupuestos Generales del Estado, podría tener un impacto significativo en los importes que perciben los beneficiarios de estas prestaciones, así como en los umbrales de ingresos para acceder a ellas.
Este aumento también influiría en la cuantía de la prestación contributiva por desempleo, también conocida como 'el paro'. Aunque la cantidad final de esta prestación depende de la base reguladora vinculada al salario, las prestaciones tienen un importe limitado definido por el IPREM. Por lo tanto, una subida implicaría un aumento en la cantidad de estas prestaciones.
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«El Ministerio de Trabajo ya ha puesto en marcha todo el trámite administrativo para que sea revalorizado este indicador, que es muy importante para la vida de la personas», ha señalado Díaz, que pretende que Pedro Sánchez apoye su propuesta: «Me gustaría que en la comparecencia que tiene este miércoles el presidente del Gobierno diera una buena noticia a los españoles y españolas y es que nos comprometamos a revalorizar el IPREM en torno a un 3%».
Es por ello que, ha asegurado, no tendría ningún sentido «sentar a los agentes sociales para volver a subir el salario mínimo y, sin embargo, las rentas de quienes más lo necesitan y que más están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo tengan su IPREM congelado».
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La subida del IPREM no solo beneficiaría a nivel estatal, sino que también tendría implicaciones en todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos. «He tardado en subir el salario mínimo por la oposición de la otra parte del Gobierno. Tengo que negociarlo todo, pero esta es la posición que debe tomar un Gobierno progresista», ha lanzado, esperando poder llegar a un acuerdo.
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