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La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) se ha sumado a las críticas de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para tratar de frenar la aprobación del aumento del salario mínimo a 1.000 euros planteado por el Gobierno tras alcanzar un pacto con los sindicatos.
En la patronal autonómica que encabeza Salvador Navarro no dudan en tildar de «inoportuna e inasumible» el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y afirman que puede suponer un lastre para la recuperación económica que llegará en 2022. Además, recuerdan que las empresas ya han asumido un auge del 30% en los últimos tres años y que en la mayoría de autonomías ya está por encima del 60% de la media salarial.
«Esta nueva subida supone un incremento de los costes laborales y una mayor reducción de los márgenes empresariales que puede contraer la creación de puestos de trabajo y afectar a la recuperación», destaca Navarro. En la organización admiten que la prerrogativa de sacar adelante esta medida es únicamente del Gobierno pero avanzan que si se aplaza unos meses pueden llegar a contar con su apoyo.
Pero por el momento tienen claro que las empresas, sobre todo las de menor tamaño, «no pueden asumir más incrementos de los costes laborales» y avisan que «hay que medir las consecuencias». «Puede alejar a los jóvenes del mercado laboral y favorecer la economía sumergida, contra la que tenemos que luchar todos», sentencian.
Y son justo los representantes de este colectivo de menor edad los que refrendan estas palabras. El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios Valencianos (AJEV), José Vicente Villaverde, critica «la falta de escucha activa» por parte del Gobierno y alerta de que se pueden «frenar» contrataciones.
«Las pymes llevamos desde 2019 asumiendo una subida que alcanza ya el 30% en el SMI, esto supone una nueva presión en los costes de las empresas y una caída notable de la productividad». En ese sentido, el presidente señala que están de acuerdo en que los salarios deben mejorar pero matiza que «ahora no es el momento», en referencia a que numerosas empresas tratan todavía de recuperarse de la crisis económica derivada del Covid-19. «Venimos de una pandemia por la que se han cerrado empresas y otras siguen con pérdidas del 80%», agrega.
Pese a la negativa de entidades de todo tipo parece cada vez más claro que el incremento del SMI será una realidad en las próximas semanas. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, considera esta medida una prioridad ya que en los últimos meses la alta inflación ha recortado el poder adquisitivo de gran parte de la clase trabajadora.
Por ello, aunque no se logre el respaldo de la patronal con el que sí se contó en la primera subida del salario mínimo y en otras apuestas clave como la reforma laboral que fue aprobada en el Congreso por la mínima, se pretende seguir hacia adelante. El problema es que, al rechazar el diálogo, el clima de consenso entre los actores sociales quedará más comprometido.
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