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Los comercios no sólo tuvieron que lidiar el año pasado con el impacto de la inflación o de los tipos de interés, sino también ... con la burocracia, en concreto, con los cambios legislativos. Hasta tres al día, según el recuento que ha hecho Asedas, la patronal del sector de los supermercados, que engloba a compañías como Mercadona, Consum, Aldi, Dia o Masymas, entre otras.
Así, en 2023, se aprobaron o modificaron 1.140 normas que afectan al comercio en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo, lo que supone una media de 3,1 diarios, un repunte respecto al año anterior, cuando se produjeron 2,7 normas al día. Y ya este enero, en un solo mes, las empresas tuvieron que lidiar con 108 nuevas leyes o modificaciones de otras ya existentes.
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Según Asedas, tras revisar las datos de los últimos cinco años -y dejando al margen el repunte extraordinario de 2020 y 2021 por toda la normativa Covid-, Asedas ha constatado que la escalada normativa no cesa desde 2019, cuando se contabilizaron 476 normas, 1,3 al día.
Por categorías, la legislación medioambiental encabeza el ranking al que se enfrentan los supermercados, pues se lleva casi la mitad de la carga normativa, con 468 textos legales que afectan al comercio. Seguridad alimentaria (254) y cuestiones administrativas relacionadas con la empresa, como cuestiones de urbanismo o licencias, ocupan el segundo y tercer puesto (suman 221 normas).
Esta queja sobre el tsunami normativo coincide con una de las quejas que ha llevado a los agricultores a protestar no sólo en España sino en toda Europa, según ha remarcado la propia Asedas, que recuerda que «la alta carga legislativa y administrativa que soporta el sector» que «comparten todos los eslabones de la cadena de valor. Este hecho tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas europeas».
Ya en la actividad reguladora, las comunidades autónomas se sitúan en primer lugar, con 485 normas, lo que complica la gestión especialmente para aquellas empresas que operan en varias comunidades. Otras 344 llegan desde las instituciones europeas y, de ellas, 91 tienen que ver con el medioambiente.
El Estado, por su parte, suma un total de 284 normas: 123 de las cuales regulan cuestiones relacionadas con la gestión empresarial (fiscalidad, urbanismo, digitalización…). En el ámbito local, la cifra se incrementa al considerar cuestiones como aperturas en días festivos, cortes de tráfico, obras, etc.
Precisamente María Martínez-Herrera, directora de Sostenibilidad de Asedas, ha llamado la atención sobre la legislación medioambiental: «El comercio -y la distribución alimentaria en concreto- está comprometido con los procesos de economía circular, de descarbonización y de reporte de información para hacer más eficiente la cadena. Sin embargo, la legislación que nos llega desde todas las administraciones -y que se extiende a lo largo de toda la cadena de valor de la producción y distribución- supone enormes costes operativos, económicos y de pérdida de eficiencia». Y pone un ejemplo, la situación creada por el control de los productos ecológicos, con criterios dispares en las autonomías, «lo que crea barreras para su comercialización».
Otro ejemplo, esta vez en el ámbito europeo, es el futuro Reglamento de Envases y Residuos de Envases, que se negocia en estos momentos y que, según Asedas, tendrá un impacto aproximado de 150.000 euros por tienda sólo por la instalación de equipos de recogida y reutilización de envases, sin contar gastos de personal y logísticos. «Por ello, es necesario más concreción y análisis de las medidas y que no haya duplicidad en el mismo concepto regulado», aseguran.
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