La terminal norte del Puerto de Valencia despeja su camino al levantarse la suspensión cautelar sobre la adjudicación de las obras

Las obras fueron adjudicadas a comienzos de julio a la UTE formada por Acciona, Jan de Nul y Grupo Bertolín tras haber sido formalizada la propuesta seleccionada en mayo por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con un presupuesto de 591,9 millones. Pero el proceso quedaba paralizado el pasado agosto debido a la interposición de un recurso por parte de una de las empresas concurrentes. Precisamente la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, hacía referencia a este recurso en la comida-coloquio que mantuvo este jueves con los empresarios logísticos y portuarios del Propeller.

En concreto, una de las empresas que integra la segunda UTE con mayor puntuación en el concurso (Dragados, Rover Maritime, Torrescamara y Cia de Obras, Dredging International España y Dravo) interpuso este recurso, lo que dejó el proceso administrativo en suspenso hasta que el tribunal emitiera una resolución que se ha conocido este mismo viernes, según ha confirmado la Autoridad Portuaria. A esta licitación pública se presentaron cuatro Uniones Temporales de Empresas (UTE), con la coincidencia de que todas contaban entre sus integrantes con compañías valencianas.

De esta forma, la APV ya puede retomar el proceso administrativo, que pasaría por la formalización del contrato y el inicio de las obras, que arrancarán con unos meses de retraso si se toma como referencia lo apuntado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado junio en la asamblea de la Asociación de Navieros Españoles (Anave). En aquel discurso Puente mostró su confianza en que las obras para una terminal «que tan importante es para el sistema portuario español» comenzasen tras el verano.

Unas semanas después, el consejo de administración de la APV adjudicaba de forma definitiva los trabajos en la misma sesión en la que resolvía otra de las incertidumbres vinculadas con los terrenos portuarios, pues se seleccionaba la UTE conformada por las empresas Serveis Marítims Port Eivissa (Sesmar) y Ocibar para la concesión administrativa destinada a la adecuación y explotación de las instalaciones náutico-deportivas de la zona norte del puerto.

Unos meses antes, en diciembre –coincidiendo con el anuncio del desbloqueo para activar la licitación– el presidente de MSC en España, Francisco Lorente, avanzaba que la terminal podría estar operativa en 2029. «Lo antes posible. Si en cinco años pudiéramos tener ahí el primer barco atracado, sería un gran éxito», señalaba entonces.

La nueva terminal de contenedores del puerto, que se ubicará en aguas abrigadas de la ampliación norte –cuyas obras finalizaron en 2012–, tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar cinco millones de contenedores, duplicando la capacidad actual.

En esta primera fase de la actuación, las obras para el dragado y la construcción del muelle corresponden a la APV mientras que la segunda (la propia terminal) corresponderá a la naviera MSC, en concreto a su filial TIL, adjudicataria de la concesión, que prevé una inversión de 1.600 millones (tras haber aumentado las cifras iniciales por el incremento de costes).

La terminal contará con diseño, tecnologías y equipamiento de última generación, con una instalación totalmente electrificada, que permita atender los grandes buques portacontenedores en servicio, con elevados rendimientos tanto en las operaciones marítimas como terrestres.