Terminar con las trabas y dar ejemplo

Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ya cuenta con un equipo de Gobierno casi definitivo. Tras el nombramiento de los once consellers y los secretarios autonómicos, y a falta de terminar de cerrar el organigrama, el nuevo Ejecutivo tripartito comienza a dar sus primeros pasos. Con la vista puesta en los próximos años, y la experiencia de la pasada legislatura, los empresarios son claros en su petición de que no se pongan trabas a su actividad, se evite la reapertura de debates aparcados y de que, además, el Consell dé ejemplo en las prácticas que pide al resto de la sociedad.

Desde la CEV también se espera de la conselleria que dirige Rafael Climent un «papel vigilante» de toda la normativa que afecte a las pymes.

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Los representantes del comercio exigen que se respeten los acuerdos adoptados por el sector, en relación al cierre uno de cada tres festivos en ciudades como Valencia o Alicante y también al Plan de acción territorial sectorial del comercio de la Comunitat (Patsecova), todavía pendiente de tramitación. Pedro Reig, representante de la entidad que agrupa a operadores como Mercadona y Consum, instó a la Dirección General de Comercio a anteponer el interés general a los postulados ideológicos en ambas cuestiones. También Joaquín Cerveró, portavoz de grandes superficies como El Corte Inglés y Carrefour a través de Anged, reclamó que «no se desvirtúe» lo pactado por el sector en el reglamento sobre la modificación de horarios comerciales y «se limite la carga ideológica» en instrumentos como el Patsecova, que dificultará la implantación de proyectos como Intu Mediterrani.

Ligia Rodrigo, de Confecomerç, reclama que ese plan entre en vigor cuanto antes, con carácter vinculante, para organizar territorialmente el comercio y «regular urbanística y jurídicamente los centros comerciales abiertos». Echa en falta respaldo en materia de digitalización y que la administración colabore, ponga medios y dé ejemplo en temas como el reciclaje antes de exigir medidas al pequeño comercio.

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La presión fiscal suele ser un tema de enfrentamiento con la administración y el debate sobre si está justificada una mayor carga impositiva en determinados sectores o no es una constante. En este punto destacan dos iniciativas que dependen de la administración autonómica, y a los que se opone el empresariado, la creación de una tasa turística y el impuesto a las bebidas azucaradas, aparcados la pasada legislatura. El primer gravamen ha sido recuperado por Compromís las últimas semanas con su propuesta de que Les Corts establezca un marco normativo y que cada municipio opte por introducir o no esa tasa. Un gravamen que para Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hosteleria de Valencia, no debería implantarse en la capital de la Comunitat dado que «podría ser un freno para el sector turístico».

El impuesto a las bebidas azucaradas se antoja menos probable que vea la luz, ya que solo Unidas Podemos apuesta por su implementación. En cuanto a la justificación de ese gravamen, el director de la Asociación de Supermercados de la Comunitat (Asucova), Pedro Reig, subrayó que en otros territorios donde se impuso, como Cataluña, no redujo el consumo de productos y esta misma semana ha sido tumbado por la justicia. En este punto, instó a descartar todo tipo de actuaciones que rompan la unidad de mercado, como el controvertido plan de retorno de envases del Consell, y a sopesar la viabilidad técnica, económica y social de cualquier iniciativa pública.

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Tras la crisis agrícola que ha vivido la Comunitat los últimos meses por la caída de los precios debido al aumento de la oferta de naranjas procedentes de otros países como Egipto o Sudáfrica, los agricultores avisan de que es necesario actuar «porque lo peor está por venir». Jenaro Aviñó, director de AVA, fue muy claro en el encuentro al incidir en que el acuerdo comercial con Sudáfrica que firmó la Unión Europea ha tenido graves consecuencias para el campo valenciano y advirtió de que la situación puede repetirse con el tratado del Mercosur. Por este motivo, pidió que el Consell se tome en serio «hacer lobby en Bruselas» para defender los intereses valencianos, al considerar que no se está volcando lo que debería.

Aviñó apuntó otros retos como potenciar el I+D para que se puedan desarrollar en la Comunitat variedades de mayor calidad que den un rendimiento más alto. Además, puso el foco en la financiación de la Ley de Estructuras Agrarias y en la necesidad de garantizar que el agricultor tenga una retribución digna, con la Ley de la Cadena Alimentaria y una Ley de la Huerta que debe tener como protagonista al agricultor.

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Uno de los mayores escollos a los que se enfrentaron muchos padres durante la pasada legislatura fueron las restricciones impuestas por el conseller de Educación, Vicent Marzà, para que los padres elijan el centro en el que quieren inscribir a sus hijos. Y es por eso que Leonor Sáiz, presidenta de la comisión de Educación de la CEV, incluyó «la libertad de elección» de centro entre sus peticiones a la administración.

Sáiz no se quedó solo en este apartado y reclamó, además de un pacto educativo, «una apuesta real» por la Formación Profesional, también la dual, y evitar «tener diecisiete modelos distintos» dentro de un mismo país. La patronal autonómica remarcó la necesidad de adaptar la formación a las necesidades del mundo laboral, incluida la continua y ocupacional, al tiempo que instó a educar en valores y a abordar seriamente el fracaso escolar, que recordó que en la Comunitat es dos puntos superior a la media estatal.

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El medio ambiente ha sido en ocasiones la excusa esgrimida desde el Consell para justificar iniciativas como el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR), que se intentó imponer la pasada legislatura sin consultar a los afectados y derivó en el cese de su impulsor, Julià Álvaro. Desde la CEV reclaman que cualquier cambio se consensúe, se realice paso a paso y mantienen que antes de recuperar el plan de envases, lo coherente sería cumplir con el plan actual de residuos y estudiar posibles mejoras.

Pedro Reig, en nombre de los supermercados, pidió que se consideren las características intrínsecas de los sectores afectados en cada caso y destacó que se han emprendido medidas para fomentar el reciclaje y, en muchas ocasiones, hacen «mucho más esfuerzo del que pide la ley respecto a la viabilidad medioambiental». Desde la CEV se exigió a la Generalitat que sean los primeros en dar ejemplo y no pidan a las empresas ir un paso por delante.