I. HERRERO / L. PALACIOS
Miércoles, 15 de abril 2020, 00:19
El primer mes del estado de alarma declarado en España para frenar la expansión del coronavirus se salda, en materia laboral, con más del 18% de los trabajadores valencianos inmersos en alguno de los 59.146 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) solicitados por otras tantas empresas.
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En total, 351.542 personas se han visto afectadas en la Comunitat Valenciana por suspensiones de contratos o reducciones de jornada de carácter temporal instadas a raíz del Covid-19, nueve de cada diez por causa de fuerza mayor y a cargo de microempresas, con menos de diez empleados. Cuesta encontrar extinciones de contratos en los datos facilitados por la Conselleria de Economía, apenas 120 de los ERTE solicitados las incluyen, y el sector servicios sigue aglutinando en torno al 87% de los ajustes, aunque cede terreno a la industria, con un 7% de los expedientes pero un 21,5% del total de afectados.
El goteo de ajustes temporales llamados a evitar medidas más drásticas continúa, aunque a un ritmo notablemente inferior al de la avalancha inicial. Ese hecho, unido al refuerzo del personal que los tramita, permitió a la Generalitat resolver el 61% de las solicitudes recibidas e ir desatascando así la tramitación para que las empresas, una vez completada la solicitud al servicio público de empleo estatal (SEPE), se ahorren las cotizaciones sociales y los trabajadores afectados puedan cobrar sus prestaciones con el menor retraso posible.
Este viernes, día 17, será el turno de cerca de 800.000 autónomos de toda España pendientes de recibir la prestación extraordinaria por cese de actividad que el Gobierno creó para ayudar a los afectados por la crisis del coronavirus, según confirmó este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En peor situación se encuentran los cerca de 3,5 millones de afectados por los más de 450.000 ERTE presentados hasta la fecha, más del 10% en la Comunitat, ya que la inmensa mayoría de estos trabajadores no cobrarán ninguna ayuda al menos hasta el próximo 10 de mayo, al no haberse completado la tramitación –en la que los afectados no tienen que hacer ninguna gestión– a tiempo para que percibiesen el paro el 10 de abril.
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Según la secretaria de Empleo de CCOO PV, Ana María García, a principios de mes la Generalitat apenas había resuelto el 20% de los ERTE, a falta de saber cuántos completaron la tramitación en el SEPE para ordenar el pago. Es por eso que, además de felicitar a los trabajadores de los servicios de empleo estatal y autonómicos, reclama refuerzos para «agilizar la tramitación y que la gente cobre su prestación y pueda bajar a comprar comida».
«Vivimos del trabajo, no de rentas, y sin trabajo nos falta de todo», advierte, a lo que agrega que los afectados por ERTE de finales de marzo «no volverán a cobrar hasta mayo porque a lo largo de abril se tramitará la prestación por desempleo, lo que implica estar mes y pico sin cobrar«.
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Y eso en el mejor de los casos, porque el colapso del SEPE ante la avalancha de ERTE es tal, que no podrán gestionar ni abonar la nómina para este abultado número de personas, por lo que el pago se retrasará aún más, según admitieron a este periódico fuentes de este organismo estatal.
El SEPE cuenta con poco más de 6.000 trabajadores en alta para gestionar los 450.000 ERTE y que los afectados cobren la prestación, que oscila entre los 501 y los 1.411 euros al mes. La actual plantilla, reducida tras la crisis de 2008 a 7.800 personas y a la espera de que se incorporen otras 1.000, está desbordada por la avalancha de ERTE, según denuncia CSIF, y no podrá gestionar las nóminas de todos los afectados este mes, por lo que el abono podría retrasarse incluso hasta junio.
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En el caso de los autónomos, un mes después de que se decretara el estado de alarma, prácticamente uno de cada cuatro (casi 780.000, el 98% de las tramitadas) cobrará este viernes la nueva prestación, que tendrá una cuantía del 70% de la base reguladora pero con un mínimo de 661 euros.
Pero no serán todos los que la han solicitado, ya que han sido 941.000, según Montero. Y mucho menos todos los que han tenido que cerrar sus negocios o reducir sus actividades hasta ser prácticamente nula, ya que así están más de 2,4 millones de emprendedores, según estima ATA.
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La organización denuncia que solo podrán beneficiarse un millón de autónomos, menos de la mitad de los afectados, por los elevados requisitos que impuso el Gobierno: solo quienes hayan disminuido su facturación en un 75% pueden acceder. Desde el colectivo exigen que se flexibilice esta condición y que puedan solicitarla los que hayan tenido una caída de ventas del 40%.
«Apenas 800.000 autónomos trabajan con normalidad, mientras 1,4 millones se van a quedar pagando las cuotas sin apenas ingresos y sin trabajar», denunció su presidente, Lorenzo Amor.
En este sentido, la ministra portavoz detalló que 396.614 autónomos y empresas han quedado exonerados de abonar las cotizaciones a la Seguridad Social de los afectados por un ERTE por fuerza mayor, al tiempo que se han tramitado 368.048 bajas por accidente laboral por el virus.
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Los bancos volverán a adelantar el cobro de las pensiones de la Seguridad Social, que se pagan el día 25 de cada mes, entre otras iniciativas para mitigar los efectos del coronavirus y reducir desplazamientos innecesarios de clientes, sobre todo los de mayor edad.
Caixabank abonará hoy su pensión a 1,8 millones de clientes, además de no devolver los recibos básicos de mayores de 65 años aunque su cuenta esté en descubierto.
Bankia lo hará el día 21, en paralelo a su servicio para relizar compras básicas o llevar medicinas. Ese mismo día las abonará BBVA, que adelantará al 4 de mayo la prestación por desempleo, y también pagarán las pensiones el 21 Bankinter, Sabadell y Cajamar, cuyos gestores informarán los clientes.
Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó la concesión de un préstamo de 13.830 millones de euros a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones en un momento de aumento del gasto por las medidas adoptadas ante el Covid-19, como esa prestación por cese, la exoneración de cotizaciones en ERTE por fuerza mayor o el aumento de prestaciones por desempleo.
Ese préstamo, similar al de otros años, ya estaba previsto en los Presupuestos dado que las pagas extra de pensiones en junio y noviembre supone un desembolso de unos 20.000 millones que «puede generar tensiones de liquidez», según el Ministerio.
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Para evitar problemas de esa índole, la Generalitat anunció este martes la inyección de siete millones por parte de Turisme Comunitat Valenciana al sector «para no dejar un solo euro de 2019 sin liquidar« de convenios y subvenciones del pasado ejercicio.
Fluidez en el crédito, unidad de las instituciones y una reforma fiscal a medio plazo son algunas de las claves del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) para superar el impacto económico del coronavirus. En su quinto informe, Francisco Alcalá analiza las diferencias con la gran recesión de 2008, ya que «no procede del auge desproporcionado e insostenible de ningún sector, como fue la construcción», y la banca tiene «solidez patrimonial superior y no está condicionada por créditos de elevado riesgo».
Con los avances sanitarios como precondición para superar la crisis, y ante un efecto dominó de caída de demanda y pesimismo, urge a que fluya el crédito para evitar que vaya a más. Y apunta a los impuestos como «un instrumento clave para canalizar la solidaridad entre los distintos grupos de población».
Alcalá insta a apoyar especialmente a los sectores más afectados, como la hostelería, el turismo y los espectáculos. En este sentido, apunta que del 'quédate en casa' habrá que pasar al 'quédate en España las próximas vacaciones' para impulsar la recuperación del sector. Además, indica que la nueva situación afianzará los canales de consumo y ocio a través de internet, beneficiando así a gigantes internacionales, a los que «se debe exigir una contribución fiscal más equitativa de acuerdo con su facturación y beneficios».
En su informe, el investigador del IVIE y catedrático de la Universidad de Murcia también apela a la responsabilidad política para abrir un debate sobre el reparto del coste económico de la crisis, a fin de que los grupos planteen «propuestas concretas sobre hasta dónde llevar las ayudas y cómo pagarlas».
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