Los trabajadores esperan que se declare ilegal la compra de acciones

La operación de Ribera Salud para hacerse con el control del Hospital de Dénia pilló por sorpresa a los trabajadores. Los sindicatos temen las repercusiones que podría acarrear y confían en que Sanidad actúe para que se declare ilegal esa venta de acciones. La delegada de UGT de Marina Salud de Dénia, Patricia Pelegrí, destacó que «estamos a la espera de que se pronuncie inmediatamente la conselleria» y que haga cumplir la Ley 8/2018 del 20 abril. Ley que evita posiciones de dominio en gestión de concesiones sanitarias y que debería esgrimir ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Pelegrí remarcó que esa compra «no puede ser buena para trabajadores y pacientes«. Asimismo, hizo hincapié en »la fuga constante de profesionales que sufrimos por las malas condiciones laborales de la empresa«. Una tendencia que creen que continuará. También subrayó que tras enterarse primero por las noticias, luego recibieron un comunicado interno de la gerencia «a las diez de la noche».

Desde el sindicato médico y del de Técnicos Auxiliares de Enfermería, CESM CV SAE Marina Salud, coincidieron en muchos aspectos. Declararon que «estamos impacientes por ver cómo se pronuncia la conselleria evitando esta venta y cumpliendo la ley«. En el preámbulo VI de esa ley reza que »para garantizar la libertad de competencia y evitar posiciones de dominio, es necesario establecer limitaciones en la ostentación y, por tanto, adquisición de títulos accionariales o participaciones de los entes titulares de los contactos de gestión vigentes del servicio sanitario integral en régimen de concesión de los departamentos sanitarios«. El objetivo es »proteger los intereses de los usuarios, haciendo más eficiente la competencia y redundante en una mayor protección social«.

También pidieron al presidente de la Generalitat que «cumpla su palabra y devuelva el departamento a la gestión pública». Y añadieron que si Sanidad no se había pronunciado sería por «pillarle de vacaciones».

Por su parte, el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, insistió en que «deber ser conselleria la que actúe». Y añadió que ve «complicada la reversión» por los dos años que quedan de concesión y por las circunstancias actuales.

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