La plantilla del Hospital de Dénia insiste en que la compra de Ribera es ilegal

La operación de compra del 65% del negocio que hasta ahora ostentaba DKV tiene que pasar dos filtros para que pueda ser una realidad. El primero es el de Competencia, que debe validar la transacción, y el segundo es la propia Ley de Salud de la Comunitat Valenciana, que fue actualizada con un apartado para evitar la concentración empresarial que los trabajadores consideran que se incumple. La plantilla de Marina Salud ha trasladado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, su oposición a la venta de acciones. El comité de empresa le insta directamente a "impedir" esa operación que tildan de "ilegal" y reclaman una reunión urgente con Barceló para que les explique las medidas que se van a tomar para frenar esa venta.

En el documento, que también han hecho llegar al presidente de la Generalitat, señalan que en esta operación se ha "incumplido" el estatuto de los trabajadores al no haber sido informados antes y al no poder realizado un informe previo. Además insisten en que esa venta accionarial "vulnera" la normativa en la que se fija la necesidad de establecer limitaciones en la adquisición de acciones para evitar posiciones de dominio. En concreto, se refieren a la sección en la que se fija que "ninguna persona física o jurídica podrá ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40 % de las participaciones o acciones en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario".

También recuerdan que un informe de 2016 de la Abogacía de la Generalitat estipula que hace falta obtener una autorización de la administración contratante para poder realizar esa transmisión de acciones. Asimismo, el comité hace hincapié en el compromiso de Ximo Puig de rescatar el Departamento de Salud de Dénia para que recupere la gestión directa. Y apostillan que la concesionaria "ha incumplido sistemáticamente su obligaciones con los usuarios y con los trabajadores".

El comité de empresa confirma así la posición que ya habían adelantado sindicatos como UGT o CESMCV en la jornada previa. A este argumentario se sumó también CCOO. En un comunicado destacaron la existencia de una falta de comunicación durante el proceso y remarcaron la evidencia de dudas legales que genera. Por ello, instan a la Conselleria de Sanidad a pronunciarse, que por el momento ha evitado hacerlo de forma pública. Con estas posiciones se confirma que la plantilla del hospital mantiene una estrategia común de rechazo a una operación que ha acrecentado el malestar de unos trabajadores que han tenido diferentes enfrentamientos con la gerencia del hospital valenciano.

La compra de las participaciones de DKV por parte de Ribera Salud no se espera que pueda ser paralizada por la ley. Así lo cree José Domingo Monforte, director de Domingo Monforte Abogados Asociados, que considera que en este caso concreto la normativa "no es aplicable".

En declaraciones a este diario, el experto jurídico remarca que la actualización que fue añadida a la norma es algo ambigua y que permite diferentes interpretaciones. A su parecer, no valdría para el Hospital de Dénia debido a que hace referencia a nuevas concesiones y esta ya está en vigor 12 años y finaliza el próximo 2024. Afirma que el texto no preveía transacciones internas y que este es el caso que se analiza.

Sin embargo, Domingo Monforte admite que el espíritu legislativo de esta sección de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana apunta en la dirección contraria ya que su objetivo es evitar concentraciones empresariales como la que se va a producir en este caso. Ribera Salud también tiene la gestión de otros centros como el de Torrevieja y Elche. Además, contaba con el de Alzira que pasó a manos públicas en la anterior legislatura. El experto admite que de cara a las futuras reversiones, y en especial a la de Torrevieja que llegará este mismo octubre, se deberá tener en cuenta el fallo del Tribunal Supremo sobre la operación de Alzira de este mismo julio en el que avisa que se debe hacer una justificación económica. Un punto al que se aferra Ribera Salud para tratar de frenar el proceso.