El CES evita pronunciarse a favor o en contra de la reducción de la jornada

El CES pactó este lunes, después de días de largas y controvertidas reuniones, un texto que se votará en el pleno que se celebrará el próximo miércoles y que espera sea ratificado por unanimidad. Para el Gobierno era importante no encontrarse otra piedra en su complejo camino de tramitación por parte del CES, ya que un dictamen en contra, aunque no sea vinculante, sí hubiera supuesto un golpe que podrían utilizar los adversarios políticos para aferrarse al no.

Así, este organismo evita de forma expresa pronunciarse en este dictamen a favor o en contra de la reducción de la jornada laboral para así lograr sortear las diferencias dentro del propio consejo que se han hecho más visibles que nunca. No hay que olvidar que el consejo está formado por 20 miembros de los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO, CIG y ELA), 20 miembros de las patronales más representativas (CEOE y Cepyme) y otros 20 miembros de un tercer grupo donde se incluyen expertos nombrados por el Gobierno y diferentes asociaciones agrarias, de pesca, consumidores...

«El dictamen del CES expresamente no apoya ni censura nada», explica a este periódico uno de los expertos presentes en la comisión de trabajo que ha elaborado el texto. Y precisa que se ha redactado de forma muy ambigua para no herir sensibilidades y que todas las partes puedan apoyarlo. Esta ambigüedad llega a tal punto que no se incluyen conclusiones ni hace un juicio de valor de la norma que se lleva al Congreso.

Pero los tres grupos que conforman el CES –bajo la presidencia de Antón Costas– han decidido evitar un choque en la votación y redactar un total de 18 páginas en las que cada uno expone los puntos en común y también las discrepancias. «A todos nos disgusta moderadamente», reconoce a este diario esta misma fuente. Desde la parte de los sindicatos celebran que se haga una «valoración positiva» de la reducción de la jornada» con una definición que la califica de «beneficiosa para la sociedad, para los trabajadores y para las empresas», independientemente del instrumento que se utilice para ello, precisa otra fuente.

Pero también se recogen crítica a la norma (como tener una memoria económica «insuficiente»), observaciones, matizaciones... Y se precisa la necesidad de «un periodo transitorio adecuado y suficiente» más allá del 31 de diciembre de 2025 para «casos muy específicos», donde no existe negociación colectiva. Además, se insta a adaptar los contratos públicos que se vieran afectados por la reducción de la jornada y se reclama la ley de desindexación.

«Ha sido un esfuerzo de diálogo y consenso por parte de los tres grupos que esperemos sea ratificado ampliamente en el pleno de este miércoles», manifiesta un miembro del consejo.