Las empresas valencianas prevén adelantar sus ajustes laborales por el pacto de gobierno con Podemos

«Efectivamente, estamos recibiendo comentarios de empresarios y directivos en los que manifiestan su preocupación porque vayamos a un marco laboral más rígido y con mayor coste para el empleo», reconoce el responsable de un destacado despacho con oficinas en Valencia al preguntarle por el efecto en el tejido empresarial del pacto de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos. Las causas principales son la derogación de las últimas reformas laborales, el riesgo de un aumento de cotizaciones vía destope, nuevos incrementos del IRPF para determinados tramos de renta y una nueva subida del salario mínimo interprofesional que se da por segura.

Sin embargo, desde el pasado lunes ya se han empezado a registrar también prisas por parte de empresas que tienen expedientes de regulación de empleo en marcha para que su aplicación no se produzca después de la contrarreforma laboral que exige el partido de Pablo Iglesias y sobre la que estaría de acuerdo Pedro Sánchez. Y es que, como establece el programa de la formación de Iglesias en su punto 161, quiere derogar tantos las del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la de Mariano Rajoy de 2012.

«Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios», especifica el texto.

Aunque el documento no concreta mucho más, sí que los líderes de la organización han ido desgranando su voluntad de encarecer el coste del despido hasta los niveles anteriores a 2012, al igual que endurecer las condiciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y volver a imponer la autorización administrativa para su aplicación, situándose en la línea que han defendido los sindicatos sobre el tema.

De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, adelantó ayer en Valencia que la derogación es «una cuestión sine qua non» y a partir de ahí, «abrir un proceso de elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores». Álvarez ha recordado que el año pasado se firmó un acuerdo con la CEOE de negociación colectiva que «en los aspectos salariales y en relación al crecimiento del coste de la vida, es el mejor que se ha formado en la historia», con una subida salarial por encima del doble del IPC. Sin embargo, al comprobar su repercusión en la masa salaria, se observa que únicamente han crecido «un poquito».

Para el líder sindical, esto significa que «las reformas laborales son un cesto llena de agujeros y por mucho que negocies, finalmente los empresarios tienen fórmulas para no cumplir con sus obligaciones». En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tanto Unidas Podemos como los sindicatos insisten en que no van a estar de acuerdo con que el SMI durante la legislatura pase a 1.000 euros. Su objetivo es que se sitúe en el 60% del salario medio de España, que es la recomendación de la Carta Social Europea y que hoy son 1.140 euros. «Ese es el camino que tenemos que seguir si lo hacemos en la legislatura, dentro de cuatro años será más», apuntado ayer Álvarez.

El secretario general de UGT considera que esta medida es «factible económicamente sin ningún lugar a dudas. Si hoy España está creciendo por encima del entorno europeo es por fundamentalmente el aumento del SMI, un instrumento importantísimo cuando baja la demanda exterior para aumentar la demanda interna». En su opinión, el incremento salarial tal y como marcan la Carta Social Europea es «de justicia imprescindible», una medida «absolutamente necesaria, justa y económicamente viable.

También se lamenta entre empresarios y directivos que estos cambios se ejecuten en un momento especialmente delicado para el tejido productivo valenciano, al coincidir con la desaceleración económica que se está registrando. Los sectores más inquietos son los que están vinculados a la exportación, como es el caso de la industria automovilística, sometido a una triple amenaza.

Por una parte, tiene que encajar la situación que atraviesa la compañía Ford, motor del sector en la Comunitat, así como el resto de amenazas que afectan al conjunto de actividades con alta presencia internacional, ante la guerra comercial entre EE UU con China y España, por formar parte del consorcio Airbus, así como por lo que depare el 'brexit'.