Gobierno y agentes sociales pactan la nueva ley de 'riders' con más peso de los sindicatos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y los dos grandes sindicatos CC OO y UGT, pactaron este miércoles por la noche un acuerdo para regular la situación laboral de los trabajadores que reparten o distribuyen cualquier producto a través de plataformas digitales como Glovo, Deliveroo, UberEats o Amazon, los ya famosos 'riders'. En la futura norma, que se tramitará como Decreto-Ley y entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el BOE, se sigue la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.

En septiembre pasado, el alto tribunal fijó que los repartidores son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. En este sentido, la nueva ley reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor en plataformas digitales. Esto es, que a priori ya no serán considerados autónomos.

Asimismo, el texto legal –de un solo artículo– prevé que la representación legal de los trabajadores –los comités de empresa, donde figuran los sindicatos– deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial conforme a los que se distribuye el trabajo en las plataformas. Dichos datos pueden incidir en sus condiciones laborales, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo, así como la elaboración de perfiles profesionales.

Satisfacción en UGT y CC OO

Para la vicesecretaría general de UGT, Cristina Antoñanzas, este acuerdo «es un primer paso de muchos en un camino que se comienza con el objetivo de seguir avanzando para regular las condiciones laborales de los trabajadores de las plataformas», informa Europa Press. Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, insistió este miércoles en que «estas personas no son personal autónomo, sino trabajadores».

Fuentes de la CEOE, por su parte, confirmaron que el pacto cuenta con el visto bueno de su Comité Ejecutivo y que en el decreto se respeta la confidencialidad del algoritmo. Gobierno y agentes sociales llevaban negociando sobre este asunto desde enero de 2020.