La indemnización por despido debe incluir el salario de tramitación para adecuarse a Europa

Una de las peticiones que hace a España el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) es incluir en la indemnización el salario que el trabajador ha dejado de percibir durante el tiempo transcurrido entre el día en que la empresa le despide hasta la fecha en la que una sentencia declara injustificado este cese, lo que elevaría la sanción que tienen que pagar las empresas. Es lo que se conoce como 'salarios de tramitación', que funcionaban en España hasta que la reforma laboral de 2012 los eliminó para rebajar el coste del despido.

Así se recoge en la resolución que el tribunal encargado de supervisar si los países cumplen con este tratado dictó a finales del pasado mes de marzo en respuesta a una demanda presentada por UGT hace ya dos años, según ha podido saber en exclusiva este periódico por fuentes conocedoras de esta decisión, que no ha salido aún a la luz pública y previsiblemente no se conocerá de forma oficial hasta el próximo 29 de julio, salvo que el Gobierno de Pedro Sánchez pida al Consejo de Europa que lo desvele.

En este documento que carga contra el despido español, Estrasburgo afirma de forma reiterada que los salarios de tramitación forman parte –como condición necesaria aunque aún no suficiente– del derecho a una indemnización adecuada, porque la adecuación pasa necesariamente por reconocer estos salarios como un típico daño patrimonial (la pérdida de salarios desde que el despido es efectivo hasta que hay una condena por parte de la justicia).

El comité europeo replica el mismo razonamiento que ya realizó en marzo de 2022 cuando resolvió una demanda contra Francia muy similar a la que realizó UGT. «Los sistemas de compensación son conformes con la Carta Social cuando cumplen las siguientes condiciones: prever el reembolso de las pérdidas financieras sufridas entre la fecha del despido y la decisión del órgano de apelación», tal y como establecía literalmente dicha resolución.

De esta forma, el organismo da la razón a la reclamación de UGT, que alegaba que la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 no solo redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días de salario por año de servicio a 33 días (un recorte de alrededor de un 30%) y disminuyó casi a la mitad el tope máximo que se debe abonar al pasar de 42 a 24 meses, sino que además eliminó los salarios de tramitación, lo que redujo considerablemente la cantidad que percibe el trabajador.

En la actualidad, los salarios de tramitación solo se abonan, salvo contadas excepciones, cuando la empresa opta por reincorporar al trabajador en caso de un despido improcedente o cuando se ve obligada a readmitirlo por ser declarado nulo.

En su demanda, el sindicato liderado por Pepe Álvarez alegó también que «la ley española no solo mantiene una estricta automaticidad del método de cálculo de la indemnización por despidos sin causa justificada o con causa irreal o ficticia (despidos arbitrarios), sino que los criterios para su fijación se reducen para que la cuantía resultante sea menor». Además, argumentó en su escrito para justificar que el despido en España era contrario a Europa que «los criterios orientados a tener en cuenta daños reales, como los salarios de trámite, pasan a depender, en el caso del despido improcedente, de la empresa, por lo que la regla general será prescindir por completo de ellos».

La reforma laboral del PP justificó la supresión de estos salarios de tramitación en que «el tiempo de duración del proceso judicial no parece un criterio adecuado para compensar el perjuicio que supone la pérdida del empleo, pudiendo, además, el trabajador acceder a la prestación de desempleo desde el mismo momento en que tiene efectividad la decisión extintiva». Además, el Gobierno alegó, en el real decreto del 10 de febrero de 2012 que modificaba la ley, que los salarios de tramitación «actúan en ocasiones como un incentivo para estrategias procesales dilatorias, con el añadido de que los mismos acaban convirtiéndose en un coste parcialmente socializado, dada la previsión de que el empresario podrá reclamar al Estado la parte de dichos salarios que exceda de 60 días», según recoge la CEOE en su escrito de alegaciones a la demanda de UGT.

Pero además Estrasburgo también considera que se viola la Carta Social Europea cuando los juzgados tardan mucho tiempo en resolver las demandas de despido, algo que ocurre de manera generalizada en España, donde las sentencia se dilatan más de un año de media e incluso más de dos años en Andalucía.

Otras de las recomendaciones que hará el Comité Europeo es eliminar el tope máximo de la indemnización para adecuarla al daño causado y dar la potestad al trabajador de elegir entre ser readmitido en la empresa o cobrar una indemnización.