La mitad de los funcionarios se jubilará a lo largo de la próxima década

El informe 'Government at a Glance 2025' revela que la mitad de los funcionarios que actualmente está trabajando en la Administración Pública se jubilará a lo largo de los próximos diez años. Por tanto, España experimentará en esta década una oleada de jubilaciones motivadas por esta plantilla tan envejecida que tiene la Administración. La OCDE sitúa a España como segundo país con mayor proporción de funcionarios de más de 55 años, un 47,7%, muy por encima de la media de la OCDE, que reduce al 27%.

Es decir, España prácticamente duplica el nivel de empleados públicos mayores que hay en la OCDE y por encima del 40% también están Grecia y Portugal. En el lado contrario, los estados con menos funcionarios senior son Bulgaria y Corea, donde menos del 10% del total de los empleados públicos está cerca de la edad de jubilación.

Volviendo a los datos de España, llama la atención la diferencia de 27 puntos porcentuales entre la proporción de trabajadores mayores en la Administración frente al conjunto de la economía general, una de las mayores brechas del conjunto de 34 países. De hecho, en la media de la OCDE la diferencia es de solo cinco puntos porcentuales.

Además, el número de jóvenes (entre 18 y 34 años) que trabajan en la Administración presenta uno de los menores porcentajes de la OCDE. Concretamente, en España los funcionarios por debajo de 34 años solo suponen el 7,7% del total, doce puntos por debajo de la media. Algunos de los organismos más envejecidos, según denuncian los sindicatos, son el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) y la Seguridad Social, claves para los trámites de los ciudadanos.

La tasa de reposición es uno de los obstáculos de la Administración en España. Esta tasa, que mide el número de vacantes que pueden ser repuestas con nueva contratación y que se establece en los Presupuestos Generales del Estado, se redujo drásticamente desde 2008 como forma de ahorrar dinero público, pero ha conllevado un envejecimiento de las plantillas que ahora es difícil de solventar y un excesivo nivel de empleo temporal plagado de interinos, porque las bajas no se reponían con funcionarios de carrera. De hecho, la tasa de temporalidad entre los funcionarios supera el 30%, cuando en el conjunto de la economía se ha reducido drásticamente desde la reforma laboral al 13,4%, según los últimos datos de Eurostat.

En los últimos años España ha impulsado una mayor tasa de reposición a cuenta de este problema, pero por ahora solo se ha compensado parcialmente el déficit acumulado en estas dos últimas décadas. José Luis Escrivá, en su época como ministro de Transformación Digital y Función Pública, anunció que a partir de 2025 se eliminaría la tasa de reposición tradicional y se diseñaría un modelo planificado con escenarios presupuestarios plurianuales.

Sin embargo, el ministerio ahora comandado por Óscar López no ha llevado a cabo este cambio que siguen solicitando los sindicatos, entre otras razones por la falta de Presupuestos. Actualmente la número de trabajadores de la Administración General del Estado es casi un 10% inferior al que había antes de la crisis financiera de 2008, denuncian los sindicatos.

En paridad también suspende España en relación a sus socios de la OCDE. En nuestro país solo el 48% del personal en la Administración eran mujeres en 2023, por debajo del promedio de la OCDE (58%), y España se queda como uno de los seis países del grupo con menos mujeres en este ámbito.

Otro dato destacado en el informe 'Government at a Glance 2025' es que España no contaba con un marco estratégico nacional contra la corrupción en vigor en 2024, a diferencia de 20 países pertenecientes a la organización que sí lo tienen, entre los que se encuentran Canadá, México o Finlandia. España cuenta con leyes en este aspecto, como la Ley de Transparencia o la Ley de Protección de los Informantes, pero no las articula bajo una estrategia coordinada, lo que implica un menor nivel de alineación con los estándares de gobernanza de la OCDE.

Según el organismo, la ausencia de un marco estratégico dificulta la coordinación entre Estado, comunidades autónomas y entes locales; impide la evaluación de impacto y resultados en la lucha anticorrupción; y, sobre todo, reduce la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.