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La semana laboral de cuatro días ya es una realidad en la Comunitat, por lo menos desde el punto de vista legal tras activar ... la Conselleria de Economía una partida de subvenciones para que las empresas puedan implantar la reducción de la jornada laboral de sus trabajadores, cuya resolución se hizo pública este martes. Una propuesta a la que se sumaba también la semana pasada el Gobierno central con un proyecto piloto de ayudas para implementar esa reducción en las pymes industriales.
Sin embargo, el alcance de la medida en la Comunitat va a ser mínimo, según se desprende de la resolución de la Dirección General de Trabajo de la Generalitat, ya que sólo tres empresas han logrado obtener el visto bueno para recibir las ayudas. Eso a pesar de ser uno de los proyectos bandera del departamento que gestiona Rafael Climent, que incluso promovió el pasado mayo un encuentro internacional en Valencia para abordar propuestas, beneficios y experiencias de la semana laboral de cuatro días, según explicó entonces el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.
Fue precisamente en la presentación de esta cumbre donde se dieron los detalles del programa voluntario de tres años impulsado por Labora, dotado con una partida de 1,5 millones (450.000 euros para el ejercicio 2022), y que se materializó en una orden publicada en el DOGV a finales de agosto.
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Fueron 45 empresas las que solicitaron ayudas para aplicar la reducción de la jornada laboral pero la comisión de valoración únicamente ha dado luz verde a tres expedientes, a las que se ha concedido un importe de 10.984,38 euros. El resto (42) han sido denegadas y archivados sus expedientes, según señala el texto del DOGV.
Entre los motivos para la denegación de las ayudas, la mayoría de las peticiones lo han sido por no cumplir los requisitos para ser proyecto subvencionable al no afectar la reducción al mínimo de personas trabajadoras con contrato indefinido y a tiempo completo. En este sentido, las bases reguladoras establecían que, por ejemplo, para las empresas con menos de 10 de trabajadores y en el rango de 10-49 «obligatoriamente el 30% de las personas» tenían que ver reducida su jornada laboral, mientras que era el 20% en el caso de 50 o más empleados.
No subsanar defectos de la solicitud o de la documentación requerida, no presentarla en plazo, no cumplir con los requisitos o incidencias en el certificado digital son otros de los motivos para rechazar las solicitudes de las compañías valencianas.
Ya el pasado septiembre, a consultas de este periódico, el Colegio de Gestores Administrativos de Valencia advertía de que los requisitos contemplados en las bases reguladoras hacían «inviable la solicitud y menos en un plazo de un mes y con parte del personal de vacaciones todavía». En este sentido, el plazo de presentación comenzó el 29 de agosto y finalizaba un mes después, con empresas y personal todavía en periodo vacacional.
Los gestores también lamentaron que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas valencianas no disponen del personal suficiente para poder reducir la jornada de unos cuantos trabajadores y remarcaron que no compensaba con la subvención y los requisitos exigidos en la propuesta de la conselleria.
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