El teletrabajo para los funcionarios: voluntario, reversible y con la tecnología pagada

Los sindicatos UGT, CSIF y CCOO han llegado este jueves a un acuerdo con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública sobre el teletrabajo que será de aplicación a todos los empleados públicos -incluido el personal laboral- de todas las administraciones públicas.

El acuerdo, que se formalizará el próximo lunes en la Mesa General de las Administraciones Públicas, reconoce el teletrabajo como un derecho básico de todos los empleados públicos que tendrá carácter voluntario y reversible.

Según han señalado los sindicatos en varios comunicados, el texto prevé establecer unas pautas generales en el Estatuto Básico del Empleado Público, que serán comunes a todas las administraciones y que después estas podrán desarrollar en cada sector y territorio mediante la negociación colectiva. El Gobierno prevé que sea la Administración General del Estado la que ponga los medios tecnológicos necesarios para que los funcionarios puedan ejercer el teletrabajo adecuadamente.

El acuerdo prevé que a los empleados públicos se les facilitarán los medios tecnológicos necesarios, aunque cada administración negociará qué parte del servicio se puede prestar mediante teletrabajo y qué parte tiene que ser presencial.

En un comunicado, UGT ha señalado que la propuesta del Gobierno «recoge los principales requisitos que el sindicato planteaba» y ha destacado que el texto regula el teletrabajo «de forma estable, permanente y estructural» y garantiza la atención a la ciudadanía, al tiempo que fomenta la desconexión digital, la protección de datos o la confidencialidad.

CSIF ha celebrado que el acuerdo garantice como derecho básico de los empleados públicos el teletrabajo, «una medida que favorece la conciliación de la vida laboral y personal, flexibiliza horarios de una manera más racional, previene riesgos laborales y protege la salud«.

Asimismo, confía en iniciar cuanto antes la negociación de otras cuestiones como las retribuciones de los empleados públicos o las ofertas de empleo, en un momento de presión sobre las plantillas como resultado de la pandemia.

Los sindicatos mayoritarios en la Mesa General de negociación de las Administraciones Públicas son UGT y CCOO, con cinco representantes cada uno, mientras que CSIF cuenta con tres representantes y CIG y ELA, con uno cada uno.

El Consejo de Ministros del martes 22 de septiembre prevé aprobar la regulación del teletrabajo, con la nueva Ley del Trabajo a Distancia para el ámbito privado y la modificación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público en el caso de la Administración Pública, según fuentes de la negociación consultadas por Europa Press.

En lo que respecta a la Ley del Trabajo a Distancia, el borrador presentado hace unos días por el Gobierno elevaba del 20% al 30% el porcentaje sobre lo que se considera trabajo a distancia de carácter regular, frente al 20% inicial.

Se plantea que el teletrabajo sea voluntario y reversible, tanto en el ámbito privado como en el público, para el que está previsto que los empleados públicos que opten por esta modalidad tengan los mismos derechos y deberes en función de las normas que se dicten en desarrollo del Estatutos, entre otros puntos.