Las trabas del Consell amenazan con retrasar 8.000 millones en inversiones fotovoltaicas

Cerca de ocho mil millones de euros esperan la autorización de la Generalitat para ser invertidos en la instalación de plantas fotovoltaicas en la Comunitat. Sin embargo, el creciente interés inversor choca de cara con la lenta gestión de la Administración valenciana, cuyos plazos de tramitación sextuplican los de regiones limítrofes y amenazan con retrasar más aún estas operaciones.

En concreto, la Dirección General de Industria y Energía –que pertenece a la Conselleria de Economía– tiene ahora mismo sobre la mesa solicitudes por un total de 10.000 megavatios, según indica a LAS PROVINCIAS la titular del departamento, Empar Martínez. Los proyectos presentados casi triplican a los que la Generalitat tramitaba en julio de 2019, cuando los expedientes alcanzaban los 4.000 megavatios y suponían una inversión de 3.600 millones de euros, según la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen).

Precisamente, desde la patronal del sector indican que la avalancha de solicitudes corre peligro de atascar aún más la burocracia y por tanto de retrasar las inversiones. «Si antes eran lentos, pensamos que con la acumulación de más proyectos puede ser peor», explica el presidente de la asociación, Marcos Lacruz, a este diario. No obstante, el dirigente valora los esfuerzos del Consell por agilizar los trámites con medidas como la eliminación de la declaración de interés comunitario, un trámite urbanístico específico en la Comunitat que los promotores estaban obligados a obtener previamente.

Pese a ello, Lacruz lamenta que los periodos de tramitación siguen siendo hasta seis veces más largos que los de otras autonomías. En concreto, las compañías sufren una demora media de dos años para obtener la licencia pertinente, frente a los cuatro meses de espera en autonomías como Murcia y Castilla La Mancha.

En cuanto a los motivos que están detrás de este creciente interés inversor se encuentran, por un lado, el abaratamiento de la tecnología necesaria para instalar parques fotovoltaicos, así como una concienciación mayor de le necesidad de descarbonización. «La fotovoltaica es mucho más rápida de instalar respecto a la eólica, si no tenemos en cuenta lo que tardan los permisos en la Comunitat. Además, los inversores confían en que las asociaciones desbloquearemos este atasco burocrático y que va a imperar el sentido común», explica Lacruz, quien insiste en que el Botànic deberá agilizar plazos si tiene como objetivo cerrar la central de Cofrentes y conseguir que la mayoría de la energía sea renovable.

«A día de hoy, la legislación no acompaña los objetivos ambiciosos tanto del Consell como de los inversores», afirma el representante del sector de las renovables en la Comunitat.

Para hacerse una idea de la envergadura de las inversiones, los parques más grandes en la Comunitat actualmente rondan los quince megavatios y la región tenía, a mediados del pasado año, unos 350 megavatios de fotovoltaica instalados.

Avaesen solicitó el pasado año al Consell la creación de un gestor único para gestionar y desatascar estos proyectos y acabar así con la descoordinación entre consellerias y departamentos. Sin embargo, desde la patronal confirmaron ayer que todavía «no se sabe nada» de esta propuesta, cuyo objetivo es evitar que las inversiones se vayan a otras regiones.