La Generalitat acepta la colaboración público-privada en obras por la situación financiera

Colaboración públicoprivada sí pero, de momento, centrada en transportes y en vivienda. Es el anuncio que ayer realizaron la Generalitat y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y que dará paso a la creación de un observatorio para analizar los proyectos que podrían ejecutarse bajo esta fórmula.

La patronal valenciana que preside Salvador Navarro ve así cumplida una de sus reivindicaciones, en la que llevan «años insistiendo» -en 2014 lanzaron la primera propuesta-, según reconoció el propio Navarro, que calificó de «clave» la fecha en la que se respalda «un modelo de gestión que beneficia al sector público y privado», siempre bajo «un modelo de control, seguimiento y transparencia».

Un anuncio que, además, se produce en pleno debate sobre la reversión de las concesiones sanitarias, la gestión de las ITV o el incremento de empresas públicas. En este sentido, Navarro criticaba a comienzos de año ese aumento de estructura pública en detrimento de lo privado «por una cuestión ideológica».

Así que aunque la propuesta acordada con el Consell se centra en la obra pública y no en la gestión, el presidente de la CEV aseguró que confía en que se amplíe a otros sectores. «Es un buen ejercicio para la reflexión», dijo.

De momento, en palabras de Puig (que estuvo acompañado de los consellers Rubén Martínez Dalmau y Arcadi España), el observatorio surge en una situación económica de desaceleración y con una realidad financiera de la Generalitat en la que hay necesidad de trabajar con las empresas para acelerar proyectos «estancados» hace tiempo.

Dos son los proyectos que se estudiarán en las próximas semanas: la CV-95 (autovía entre Orihuela y Alicante) y el tren de la costa, del que el Ministerio de Transportes volvió a sacar a información pública el estudio a finales del año pasado. Eso sí, no hay presupuesto por ahora.

En materia de vivienda, se trabaja en la posibilidad de ceder suelo público durante un mínimo de 75 años para la construcción de vivienda social con el fin de ampliar el parque público (se quiere alcanzar los 35.000 pisos en diez años). Uno de los espacios en los que podrían empezar a aplicarse esta fórmula sería Sociópolis, en La Torre.