El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba este lunes el estudio informativo para la implantación del ancho internacional en el tramo Castellón-Tarragona del corredor mediterráneo, uno de los más retrasados en la ejecución de esta infraestructura. No por menos esperado –el periodo de exposición pública se inició en noviembre del año pasado– las empresas ferroviarias han dejado de valorar una decisión del Ministerio de Transportes que implicará una adaptación rápida del material rodante si no quieren buscar itinerarios alternativos para realizar los tráficos nacionales al estar preparados actualmente para el ancho ibérico.
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«Lo inevitable se veía venir y los interesados llevan reclamando medidas económicas que compensen las pérdidas que el nuevo trazado originará a las empresas ferroviarias», explica el presidente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), Juan Diego Pedrero, al frente de una entidad integrada por las principales empresas ferroviarias y logísticas de España, dedicadas al tráfico de mercancías.
Un trazado que, aunque se ejecutará sobre las vías actuales, implicará pasar el ancho ibérico actual al ancho internacional (o estándar) de forma directa, es decir, sin recurrir a la fórmula del tercer carril adoptado en otros tramos del corredor, por ejemplo, entre Valencia y Castellón, donde actualmente se trabaja en el entorno de la estación de Vila-real.
Según Pedrero, esas pérdidas serán de tráficos, pues algunos servicios se derivarán al camión; patrimoniales de activos (locomotoras, vagones; o por sobrecostes de todo tipo (desvíos de circulaciones, nuevo material adaptado al ancho internacional, cánones ferroviarios de alta velocidad, etc.)
De ahí que las empresas soliciten «un escenario claro» sobre ayudas y compensaciones, de forma que la mayor parte de las compañías puedan afrontar las «cuantiosas inversiones» que significa para ellas el proyecto cuyo estudio informativo acaba de aprobarse, y del que una parte de las obras ya se licitaron el verano pasado (en concreto, del tramo Castellón-Vandellós).
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Otras, en cambio, ya contemplan en sus planes de inversión con proyectos de fabricación de nuevo material rodante pero, según resaltó Pedrero, «igualmente necesitan conocer el futuro escenario ya comentado y cuestiones respecto de la explotación de la línea que son muy relevantes», como, por ejemplo, si estará dotada del sistema de seguridad Asfa digital o ERTMS.
El presidente de AEFP confirmó que mantienen conversaciones con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sin que, hasta el momento, se haya concretado nada. Por ello, no descarta que algunas empresas puedan solicitar reclamaciones patrimoniales ante los tribunales, lo que podría retrasar «de forma muy importante» los plazos del proyecto, que debería estar listo en 2022.
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«Creemos que la Administración debería actuar con más diligencia en este punto y convocar cuanto antes a los 'stakeholders' [partes interesadas] para explicarles cuáles son sus planes indemnizatorios y qué ayudas están proponiendo, habida cuenta de que hablamos de daños patrimoniales y sobrecostes de diferente naturaleza, evitando así situaciones no deseadas», comentó Juan Diego Pedrero.
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