Tres desalinizadoras sin uso obligarán a devolver 50 millones a la UE

Una de las primeras medidas que tomó José Luis Rodríguez Zapatero cuando accedió al Gobierno fue derogar el trasvase del Ebro. Como alternativa para solucionar el déficit hídrico de la Comunitat el Ejecutivo puso en marcha el Programa Agua impulsado por la entonces ministra de Medio Ambiente y ahora presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La promesa era traer agua más rápidamente y barata que con la transferencia hídrica.

Quince años después, la situación se mantiene tal y como estaba en 2014. El problema del déficit hídrico no se ha solucionado y de las cinco desalinizadoras planeadas por el Programa Agua para la Comunitat (Torrevieja, Mutxamel, Sagunto, Moncófar y Oropesa) sólo una, la de Torrevieja, está en funcionamiento y apenas al 40% de su capacidad.

Muchas de las actuaciones incluidas en el Programa Agua se realizaron con fondos de la Unión Europea. Es el caso de las plantas de Sagunto, Moncófar y Oropesa que están paradas desde que se acabaron las obras. Y si no se ponen en marcha antes de marzo, España tendrá que devolver los 50 millones de euros en ayudas europeas que recibió para su construcción.

No es la primera vez. Ya pasó con la desalinizadora de Torrevieja. El Estado tuvo que devolver los 55 millones que recibió de la Unión Europea por el incumplimiento de los plazos de ejecución de lo que era la mayor planta de desalación de ósmosis inversa del continente y uno de los proyectos estrella del Programa Agua.

La desalinizadora de Oropesa, que costó 55,4 millones, recibió ayudas de Bruselas por cerca de 16 millones. En el caso de la de Moncófar, con un presupuesto de 51 millones, la aportación europea fue de más de 18 millones, mientras que en la de Sagunto, con un coste final de 37,7 millones, la subvención ronda los 14,9 millones.

¿Por qué están paralizadas? La razón es similar en todos los casos. La falta de clientes. El coste de un metro cúbico de agua desalinizada es muy alto (se calcula que un metro cúbico de agua puede alcanzar los 1,2 euros) y ni los agricultores pueden pagar este precio, ni los alcaldes de los municipios están dispuestos a aceptarlo, ya que tendrían que elevar las tasas que pagan sus vecinos.

Desde el Ayuntamiento de Sagunto no tienen demasiadas esperanzas. No creen que la planta entre en funcionamiento antes de marzo. El consistorio está negociando con Acuamed un cambio en los términos en los que fue redactando el convenio, pero no parece que la solución esté muy cercana.

La planta fue diseñada para cubrir la expansión del parque industrial de Sagunto, pero las expectativas de desarrollo que habían a comienzos de siglo, en pleno boom económico, no se han cumplido y nadie quiere hacer frente al coste de construcción y mantenimiento de la planta.

La situación es similar en el caso de Oropesa y Moncófar. Fueron planteadas en previsión de un crecimiento urbanístico en la zona (hasta los 225.000 habitantes) que se no ha producido. Además, los regantes, también virtuales clientes, se opusieron a la planta y advirtieron al Gobierno de que había suficientes recursos propios, incluso si se producía el incremento poblacional.

Ahora los ayuntamientos negocian con Acuamed, la empresa pública del Ministerio de Transición Ecológica. No pueden hacer frente al coste de estas plantas que se ha convertido en una losa financiera para los municipios castellonenses de Moncófar, Oropesa, Xilxes, Benicàssim y Cabanes. El pasado diciembre la comisión de Transferencia Ecológica del Senado aprobaba, con la abstención del PSOE, una moción instando al Gobierno para que asumiera el coste de la planta.

Desde el Ministerio de Transición han optado por guardar silencio sobre si tienen previsto la inmediata puesta en marcha de estas plantas y evitar la devolución de las ayudas.

La desnitrificadora de L'Eliana, también gestionada por Acuamed, es otra de las obras incluidas en el Programa Agua. La planta, que costó más de doce millones de euros, está terminada desde 2011 y sigue sin entrar en funcionamiento.

Fuentes del Consistorio de L'Eliana indicaron que esperan que se ponga en marcha en febrero o marzo. Explicaron que el convenio con Acuamed está listo para que sea aprobado por el pleno a falta del visto bueno del secretario.

En cualquier caso, la aprobación lleva años de retraso. La demora se ha convertido en un problema político para el gobierno municipal, ya que la calidad del agua que se sirve en el municipio es muy baja. Recientemente se ha tenido que cortar el agua a alguna de las urbanizaciones por la presencia de nitratos.

El PP siempre se ha mostrado muy crítico con la planta. Considera que el coste es muy elevado, que eleva a 16 millones por los sobrecostes. estima y cada familia tendrá que pagar 3.800 euros para ponerla en marcha.